Si bien es cierto, este año el gobierno regional de Ayacucho posee poco más de 290 millones de soles para gastos en inversión públicas nueva; casi ningún ciudadano conoce cómo es que se ha distribuido este inmenso presupuesto y a que obras se han destinado, quién lo hizo y bajo qué criterios. Estos puntos son centrales para entender cómo se canaliza los presupuestos públicos y en cuánto de estas decisiones ha estado inmiscuido la palabra y el voto de la ciudadanía o de los representantes de sociedad civil.
Como es de público conocimiento, el proceso de descentralización permitió o buscaba acerca las decisiones del estado, las decisiones públicas, a la ciudadanía por ello es que creó los espacios de participación ciudadana (que son varias) basado en la complementación de la democracia representativa con la participativa. Y el espíritu de ese proceso fue que estos espacios se constituyeran en zonas de encuentro de la sociedad civil con los gobernantes para que las decisiones públicas tengan la opinión ciudadana; y construir una gestión pública transparente y cada vez más democrática.
Entre las decisiones de los espacios de participación es ver cómo se invierten los fondos públicos, por ello es que se creó el denominado Presupuesto Participativo (PP), donde la población decide en qué proyectos se deberá invertir los fondos públicos; pero lo que sucede es que deciden en parte muy reducida de los fondos que maneja un gobierno regional como el de Ayacucho. Por ejemplo en este año sólo 25 millones de soles han correspondido a inversiones en proyectos que fueron priorizados en los PP y si comparamos con el presupuesto final con el que cerrará el gobierno regional -que es de 295 millones de nuevos soles-, se toma la opinión de la ciudadanía para definir sólo el 10% de todo este dinero que maneja el gobierno regional para gastos de inversión.
De otro lado, los proyectos priorizados en los PP tienen que estar en sintonía con la implementación del Plan de Desarrollo Concertado. Pero la decisión de cómo se invierte el otro porcentaje de los fondos públicos regionales y bajo qué criterios, queda a discreción de la autoridad regional. Nadie sabe qué criterios utilizan para invertirlos y generalmente éstas no están en sintonía del Plan Desarrollo Concertado, documento orientador de la gestión pública.
Al parecer, los grandes presupuestos que quedan a discreción de la decisión de la autoridad regional tienen como criterios de priorización los posibles beneficios y réditos político, el clientelismo elementos que no tiene nada que ver con la implementación del Plan de Desarrollo Concertado y deja en clara evidencia la poca visión de desarrollo de la autoridad regional.
En los últimos años, los fondos para gastos de inversión del gobierno regional se vienen incrementando considerablemente, pero la autoridad regional debiera practicar con mayor énfasis los principios de la democrática en la gestión pública y fortalecer los espacios de participación ciudadana e incluir la opinión de la población en la decisión pública.