La Defensoría del Pueblo participó en la reunión que sostuvieron representantes de la comunidad nativa Kichwa Anak – Kurutuyacu y de los centros poblados Leche, Pucallpa y Miraflores, así como del caserío Unión Corotoyacu, en el distrito de Huimbayoc, que se llevó a cabo en la ciudad de Tarapoto con el objetivo de promover el diálogo que ponga fin al conflicto de límites entre dichas localidades.
Según se explicó, la comunidad nativa se encuentra reconocida mediante resolución Nº 186 – 2016 de la Dirección Regional de Agricultura de San Martín. Sin embargo, al no haber culminado el proceso de titulación de los territorios comunales, se originan conflictos por aspectos como límites y aparición de actividades ilícitas con los centros poblados cercanos.
La reunión, que se realizó también con la presencia de miembros del Gobierno Regional de San Martín y de la Municipalidad Provincial de San Martín, culminó con el acuerdo de promover el compromiso de no agresión entre las partes, a fin de buscar una solución pacífica a través de una mesa de diálogo.
Asimismo, acordaron participar en la reunión convocada por las autoridades del distrito de Huimbayoc, que tendrá lugar el próximo 11 de diciembre.
Durante el encuentro, el representante de la comunidad nativa Kichwa Anak Kurutuyacu, Orlando Chumacero Domador, solicitó que se encuentre una solución inmediata al problema debido a las amenazas de muerte que vendrían recibiendo miembros de esta comunidad pese a contar con garantías otorgadas por la subprefectura del distrito de Huimbayoc.
Tras escuchar a las partes, el jefe del módulo de la Defensoría del Pueblo en Tarapoto, Santiago Tamay, reiteró el compromiso de la institución en contribuir a la solución del conflicto, el mismo que fue respaldado por el alcalde provincial de San Martín y el resto de autoridades presentes.
La reunión también contó con la participación virtual, desde Lima, de representantes de las adjuntías de Derechos Humanos y de Prevención de Conflictos Sociales, así como del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, quienes remarcaron la obligación del Estado de reconocer la existencia legal de la comunidad Kichwa Anak Kurutuyacu y el respeto a las tierras que ancestralmente poseen, así como la urgencia de implementar las normas que protegen a los defensores de los derechos humanos y la obligación de los gobiernos locales de procurar el desarrollo integral de las poblaciones de las zonas rurales.