Avances lentos en juicios por violación a derechos humanos y entrega de reparaciones a víctimas

El Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, el documento con mayor trascendencia sobre el conflicto armado que sufriera el país entre 1980 y el 2000; cumple hoy 28 de agosto seis años de haber sido presentado a la opinión pública nacional y, como entonces, es blanco preferido de ataques y  críticas encontradas que no hacen sino reflejar el gran impacto que siguen teniendo sus conclusiones y recomendaciones en la conciencia nacional.

«La historia del Perú registra más de un trance difícil, penoso, de auténtica postración nacional. Pero, con seguridad, ninguno de ellos merece estar marcado tan rotundamente con el sello de la vergüenza y el deshonor como el fragmento de historia que estamos obligados a contar en las páginas del informe que hoy entregamos a la Nación. Las dos décadas finales del siglo XX son — es forzoso decirlo sin rodeos — una marca de horror y de deshonra para el Estado y la sociedad peruanos», señaló hace seis años Salomón Lerner, presidente de la CVR al entregar el Informe Final al entonces presidente Alejandro Toledo en Palacio de Gobierno.

«El Informe que le entregamos encierra un doble escándalo: el del asesinato, la desaparición y la tortura masivos, y el de la indolencia, la ineptitud y la indiferencia de quienes pudieron impedir esta catástrofe humanitaria y no lo hicieron. El dato numérico es abrumador, pero insuficiente. Poco explica sobre las asimetrías, las responsabilidades y los métodos del horror vivido por la población peruana. Y poco nos ilustra, también, sobre la experiencia del sufrimiento que se abatió sobre las víctimas para no abandonarlas más. En este informe cumplimos con el deber que se nos impuso y con la obligación que contrajimos voluntariamente: exponer públicamente la tragedia como una obra de seres humanos padecida por seres humanos», expresó entonces.

En síntesis, el Informe Final de la CVR buscó profundizar en las causas de la violencia y concluyó que fueron los grupos subversivos los grandes violadores de los derechos humanos sin desconocer la responsabilidad de muchos miembros de las fuerzas del orden en este baño de sangre y fuego cruzado que cobró miles de víctimas civiles en el país.

El Informe de la CVR expuso públicamente la tragedia de la violencia vivida como una obra de seres humanos padecida por seres humanos
El Informe de la CVR expuso públicamente la tragedia de la violencia vivida como una obra de seres humanos padecida por seres humanos

Para no olvidar

Con motivo del sexto aniversario del informe final de la CVR, se han programado una serie de eventos y conmemoraciones en diferentes partes del país a modo de recordar a todas las víctimas de dos décadas del conflicto armado interno, reflexionar sobre el trabajo de la CVR y analizar el cumplimiento de todas sus recomendaciones.

En varias regiones se preparan conmemoraciones bajo el lema de “Justicia y Verdad”, en tanto, los pobladores de Putis, en Ayacucho, enterrarán luego de 25 años a 92 de sus familiares, hombres, mujeres y niños, asesinados por efectivos militares acusados de ser senderistas.

Serán todas, ceremonias públicas de reconocimiento hacia las víctimas que aún hoy claman  memoria, justicia, verdad y reparación.  Pero, a seis años de presentado el Informe Final de la CVR ¿cuánto se ha avanzado en cuanto a justicia, reparaciones y acciones concretas para lograr la reconciliación nacional y para evitar que hechos tan dolorosos se vuelvan a repetir?

El Informe Final de la CVR constó de tres cuerpos principales: En una primera parte se relata el proceso de violencia vivido, los hechos y las víctimas. Un segundo cuerpo está referido a los factores que permitieron que se desarrolle el conflicto. Y en la tercera parte se explica las secuelas del conflicto y dan a conocer las recomendaciones de la Comisión para que estos eventos no se repitan nunca más.

Nueve tomos en total que en síntesis recomendaban justicia, reparaciones a las víctimas y la aplicación de reformas de Estado para evitar que la tragedia vivida se volviera a repetir.

Entre el 2001 y el 2003 la CVR recogió el testimonio de 16,985 personas y organizó 21 audiencias con las víctimas de la violencia, a las que asistieron más de 9,500 personas.  Finalmente se presentó una cifra estimada de víctimas de la violencia 69,280.

Sin embargo a seis años del Informe, concretamente a marzo de este año sólo se habían presentado 47 casos, de los cuales 34 estaban judicializados (7 en instrucción y 27 en juicio oral y en apelación ante la Corte Suprema).

¿Cuánto se ha avanzado en cuanto a justicia, reparaciones y acciones concretas para lograr la reconciliación nacional?
¿Cuánto se ha avanzado en cuanto a justicia, reparaciones y acciones concretas para lograr la reconciliación nacional?

Justicia, justicia, justicia

Entre los pocos casos judicializados, se lograron condenas bastante severas a las cúpulas de Sendero Luminoso y el MRTA, igual en el caso La Cantuta con algunos integrantes del Grupo Colina y con el general Julio Salazar Monroe, en la desaparición del estudiante Ernesto Castillo Páez en Lima y los asesinatos del periodista Hugo Bustíos y de autoridades comunales en Chuschi, estos dos últimos en la región Ayacucho.

Pero sin duda, el 7 de abril de este año fue un día histórico: el ex presidente Alberto Fujimori Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión por los crímenes de nueve estudiantes y un profesor de La Cantuta; la matanza de 15 personas, entre ellos un niño, en Barrios Altos; el secuestro del empresario Samuel Dyer y del periodista Gustavo Gorriti en los Sótanos del Servicio de Inteligencia Nacional, SIE, luego del autogolpe de 1992.

Éste es el único caso en el mundo en que un ex presidente responde por crímenes de derechos humanos ante la justicia de su país. Fujimori fue acusado por los cargos de lesiones graves, homicidio calificado y secuestro bajo la modalidad de «autor mediato» o de ejercer el «dominio» sobre el escuadrón militar que mató a las víctimas por tratarse supuestamente de guerrilleros.

Problemas en el sistema de justicia

Si bien hubo avances en el proceso de judicialización de graves violaciones a los derechos humanos, hoy se atraviesa una etapa compleja con problemas que trascienden el tiempo de duración de las investigaciones y la actuación del sistema de justicia.

Así, se aprecian dificultades en el avance de otros procesos de violaciones a los derechos humanos debido a la lentitud en las investigaciones por parte de los juzgados y la poca colaboración del Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

“Puede decirse que en el terreno de lo simbólico se ha hecho justicia. Los cometidos por los terroristas fueron juzgados. Para avanzar en los restantes, y no es que les tengamos inquina a las Fuerzas Armadas, es necesario identificar a sus autores, que trabajaban bajo alias y de los que se dice no pueden ser revelados porque los archivos han sido destruidos” precisa Salomón Lerner.

A esto hay que sumarle que el Plan Nacional de DDHH, aprobado como política de Estado en el 2004, se extingue porque no existe un trabajo articulado con los demás sectores y no presenta medidas concretas, presupuesto ni metas.

En ese marco, en marzo último, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, CNDDHH, tuvo una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en Washington y presentó los problemas más importantes en la judicialización de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.

Entre los problemas expuestos figuraban: la existencia de un discurso político oficial que cuestiona de manera persistente el proceso de judicialización y el informe Final de la CVR, y la existencia de unos mil casos que se encuentran desde hace varios años en la etapa de la investigación preliminar en la sede del Ministerio Público, siendo poquísimos los casos denunciados.

Otro problema es que al sub sistema penal de derechos humanos creado en el 2004 se le ha agregado la competencia para investigar y juzgar delitos tributarios y aduaneros y los cometidos por el crimen organizado, quitándole su especialización y dedicación.

A esto se suma el retraso en el desarrollo de los juicios orales a nivel de la Sala Penal Nacional y numerosas sentencias absolutorias en las cuales los magistrados aplicaron criterios de responsabilidad penal en el que sólo se reconoce como autor del crimen a quien tiene la condición de autor directo o material de los hechos.

Como noticia positiva, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó la creación de dos juzgados penales supraprovinciales en los departamentos de Junín y Huánuco; y adicionalmente anunció que dos tribunales de la Sala Penal Nacional se dedicarán de manera exclusiva al juzgamiento de casos de violaciones a los derechos humanos.

Víctimas de la violencia siguen esperando justicia y reparación
Víctimas de la violencia siguen esperando justicia y reparación

Las esperadas reparaciones

Otra de las recomendaciones del Informe Final de la CVR estaba referida a las impostergables reparaciones a las víctimas de la violencia como una manera de hacer justicia y lograr la reconciliación nacional.  Los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García se comprometieron con este imperativo.  El presidente Toledo incluso, al mes y medio de presentado el informe de la CVR, pidió perdón a nombre del Estado e impulsó el proceso de reparaciones.

Pero si bien a la fecha ha habido avances en el tema creándose los organismos encargados del registro de victimas y del cumplimiento de las reparaciones, lo cierto es que el Consejo de Reparaciones no ha podido terminar su trabajo de completar el registro de víctimas para las reparaciones individuales por falta de presupuesto en tanto que las reparaciones colectivas no avanzan como debieran por problemas de financiamiento que repercuten en que no se logre articular un trabajo de cobertura nacional.

Como avances en el tema se puede decir que hasta el 2 de abril del presente año, el Consejo de Reparaciones, CR, inscribió a más de 30 mil personas en el Registro Único de Víctimas de la Violencia, RUV; de las cuales, 24 mil 373 procedían de la base de datos de la CVR.

Del total de inscritos procedentes de la base de datos de la CVR, 13 mil 549 eran víctimas directas que en su mayoría fallecieron, desaparecieron o fueron torturadas; las otras 10 mil 824 fueron sus familiares beneficiarios con derecho a recibir una reparación del Estado, al igual que las víctimas directas no fatales.

También se integraron al RUV la relación de víctimas de la Fuerza Aérea Peruana, Marina de Guerra del Perú, Ejército Peruano y Comités de Autodefensa alcanzada por el Ministerio de Defensa.

En marzo de 2007, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, CMAN, aprobó iniciar la implementación del Plan Integral de Reparaciones, PIR, mediante la puesta en marcha del Programa de Reparaciones Colectivas – PRC, interviniendo en una primera etapa en 440 centros poblados rurales altamente afectados por la violencia.

El Plan Integral de Reparaciones, como proceso, tuvo su lanzamiento en el emblemático Estadio Municipal de Huanta, el 16 de junio de 2007, donde el presidente Alan García y el ex presidente de la CVR, Salomón Lerner, hicieron la entrega simbólica de las primeras reparaciones colectivas a los pueblos que sufrieron la violencia terrorista.

De acuerdo a las cifras oficiales, entre el 2007 y este año, el PRC viene atendiendo a 1,403 centros poblados de quince departamentos del país.

Sin reformas a la vista

Tampoco se ha logrado el apoyo necesario a las reformas institucionales recomendadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en los sistemas de educación, salud, justicia o seguridad.

En realidad en este tema poco o nada se ha avanzado como tampoco en la respuesta de la sociedad frente a la necesidad de conocer lo sucedido como una forma segura de evitar cometer los mismos errores.

El ex comisionado Salomón Lerner señaló su frustración por la respuesta de la sociedad y del Estado “ese manto de olvido y de indiferencia frente a lo que denunciamos que sucedía en los años de violencia en el interior del país. Se quiere dar por zanjado un periodo de nuestra historia que debe ser analizado y servir de punto de partida para una superación de nuestra vida social”, dijo.

A ello se suma que tampoco se haya logrado construir un Museo Nacional de la Memoria en el que las nuevas generaciones sepan que la barbarie terrorista y la violencia generada por el propio Estado ocasionaron la muerte de 69,280 peruanos, entre desaparecidos y asesinados, la mayoría de los cuales vivían en la sierra.

La anécdota del rechazo gubernamental a una donación alemana para construir el Museo de la Memoria no hace sino reflejar la prioridad que concede nuestra clase gobernante a la necesidad de justicia y reparación que tiene un pueblo marcado por una violencia cruzada e irracional que aún no cicatriza.

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