Tres alcaldes de la provincia de Tahuamanu, en Madre de Dios, así como dirigentes de la Federación Nativa de Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) fueron los encargados de dar a conocer a congresistas y ministros la oposición de parte de los nativos y de la población al proyecto de ley 1035, que busca crear una carretera para unir Iñapari (Madre de Dios) con Puerto Esperanza, en la provincia de Purús (Ucayali ).
El presidente de la FENAMAD, Jaime Corisepa, señaló que esta iniciativa atenta contra la Reserva de Alto Purús y varias comunidades nativas de la región, como los mascho-piro.
“Los que más nos sorprende es que nadie nos haya consultado, como si todos nos ignoraran, como si no fuéramos peruanos. Ese dinero, que es como US$1 millón por kilómetro de carretera (277 en total) serviría para mejorar la calidad de vida de los pueblos”, señaló en diálogo con el diario El Comercio.
El dirigente nativo adelantó que presentarán una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado por no respetar los derechos de los pueblos indígenas.
Por su parte, el jefe del Parque Nacional de Alto Purús, Arsenio Calle, sostuvo que la carretera impulsada por el congresista fujimorista Carlos Tubino no solo atravesaría dos millones de hectáreas de área natural protegida sino que favorecería a traficantes de madera.
“Quienes están detrás de este proyecto son grupos que quieren sacar droga y madera ilegal (de cedro y caoba). Es conocido que acá, de Ucayali, la droga se lleva a Brasil y Bolivia, vía Iñapari porque acá en Purús no hay actividades productivas. La mayoría es comerciante”, afirmó.
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