El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali, Nelson Torres Contreras, agradeció la buena voluntad del presidente regional para la apertura del diálogo de las autoridades locales, policiales y judiciales, para frenar el delito de usurpación agravada en los terrenos privados.
“Las autoridades están decididas a frenar las invasiones y aplicar la ley en todos sus extremos, y los que han visto como un modo de vida ir contra la propiedad privada, van a pensarlo dos veces, a partir de este momento”, recalcó.
En la reunión suscrita con la autoridad regional, se acordó llevar adelante un proceso, desde la intervención de la Policía Nacional, el Ministerio Público, Poder Judicial; estas instancias diseñan una estrategia de su intervención respetando la ley, la parte jurídica y los derechos humanos basados en la normatividad del Nuevo Código Procesal Pernal, sin ser timoratos.
“Se tiene que poner a buen recaudo a las personas que mienten y engañan a la población que necesita un terreno para construir una vivienda; sobre el particular hay ideas del Gobierno Regional y gobiernos locales para revertir los terrenos que no están siendo usados para los fines que fueron entregados y así construir viviendas de bien social”, señaló a Inforegión.
Por su parte, el alcalde de Coronel Portillo, David Yamashiro Shimabukuro, dijo que es importante que todas las autoridades se unan y muestren su rechazo a la de invasión de terrenos de propiedad privada porque ahuyenta a las inversiones. “La población deberá entender que se tiene que dar seguridad jurídica siendo respetuosos de la propiedad privada”, precisó.
Sobre el particular, el general José Céspedes Aguirre, director de la región policial Oriente, precisó que el trabajo policial garantiza el orden, ante un delito flagrante en coordinación con el Ministerio Público.
Esta problemática de usurpación en Ucayali, causa preocupación a las autoridades que solicitan garantías legales, de acuerdo al NCPP. Según reporte policial en la ciudad de Pucallpa se registran 57 denuncias en las comisarias, aparte de una cantidad considerable formuladas en las fiscalías; esta cifra sitúa a la región con el mayor índice de delitos de invasión a la propiedad privada.