Un nuevo estudio del Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR) confirma que los mecanismos de pago por reducir las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques podrían evitar la pérdida del 50% de la amazonía brasileña, pero también favorecerían a los terratenientes más ricos pues no hay claridad en la propiedad de muchos predios.
«Cuando el 80% de un serio problema ambiental es causado por los grandes terratenientes, entonces cualquier solución tendrá que otorgarle a este grupo algún tipo de compensación por las pérdidas sufridas,» expresó Sven Wunder, científico de CIFOR y coautor de ‘Direct conservation payments in the Brazilian Amazon: scope and equity implications’ (Pagos directos para la conservación en el Amazonas brasileño: implicancias del alcance y la participación).
El informe señala que los fondos también se podrían utilizar para resolver la ambigüedad respecto de la propiedad de la tierra y exigir que se conserven las zonas ya protegidas.
Además, sugiere que si se invierten US$ 6 mil millones en reducir las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques y salvar un 50% de la pérdida forestal prevista entre el 2008 y 2019 a los precios actuales del carbono por tonelada, se podrían conservar 12,5 millones de hectáreas, casi la mitad del tamaño del Reino Unido.
Wunder y sus colegas sugieren que los pagos por REDD serían particularmente eficaces para frenar la conversión de los bosques en pasturas para el ganado y agricultura de tala y quema, dado que dichos usos de la tierra generan ganancias relativamente bajas.
A nivel mundial, al menos un 40 por ciento de los bosques tropicales fue destruido en los últimos 30 años. El Amazonas brasileño es un buen candidato para REDD dado que gran parte del bosque tropical de mayor extensión que queda en el mundo se encuentra en un país con la mayor pérdida forestal absoluta en forma anual.
Esto es importante para el cambio climático porque hasta un quinto de las emisiones de carbono de todo el mundo se debe al cambio en el uso de la tierra, tal como la tala de bosques para la agricultura.
Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE), entre 2000 y 2005, se talaron aproximadamente 13 millones de hectáreas de bosques en el Amazonas brasileño. La reducción en las emisiones de carbono derivadas de una permanente deforestación como la de este tipo puede garantizar importantes beneficios colaterales, tales como la conservación de la biodiversidad, los valores culturales y la regulación del clima regional, según los autores.
Pero el estudio demuestra que alrededor de dos tercios de la deforestación futura se realizará en zonas con un régimen de propiedad inseguro o indefinido, particularmente en terrenos públicos no clasificados o privados sin límites establecidos. Se estima que otro cuarto de la deforestación futura ocurrirá en zonas estrictamente protegidas, territorios indígenas, zonas de uso sustentable y asentamientos de reforma agraria.
«Debido a la forma en que el gobierno de Brasil ha diseñado los esquemas de pagos por los servicios ambientales, los pagos no pueden utilizarse para detener la deforestación en tierras ilegalmente apropiadas ni en tierras donde la propiedad privada está en discusión», expresó Jan Börner, científico de CIFOR y coautor del estudio. «El desorden respecto de la propiedad de la tierra representa el mayor impedimento para utilizar en este aspecto los pagos a fin de implementar REDD a mayor escala en Brasil».
«Esta investigación nos demuestra que los principales obstáculos a los que se enfrenta REDD no son técnicos ni económicos, sino institucionales y de gestión», mencionó Frances Seymour, Director General de CIFOR.
«En los casos en que la propiedad de la tierra no está claramente definida y no se exige de la misma manera el cumplimiento de la ley, no podemos esperar que los mecanismos del mercado por sí solos promuevan un resultado eficaz, eficiente y equitativo», puntualizó.
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