Adriana León, del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), refirió a INFOREGIÓN que la labor del periodismo en diferentes partes de nuestro país, en especial en las zonas de conflicto, está marcada por alguna situación de amenaza, tal como ocurrió el pasado 5 de noviembre con algunos periodistas de Tocache, en la región San Martín, que denunciaron haber sido amenazados por el dirigente cocalero Sergio Gonzales Zapata.
Señaló que el IPYS es una institución que tiene como uno de sus programas de trabajo la defensa y protección de periodistas del Perú y de América Latina. “Lamentamos lo sucedido durante el paro cocalero con los colegas. Hemos enviado una alerta al mundo rechazando la violencia contra los periodistas y haciendo un llamado a los propios colegas para que informen con pluralidad”, dijo León.
La representante del IPYS refirió que el mensaje de su institución es muy claro: “los periodistas nos debemos solamente a los ciudadanos y a la verdad, y no a intereses de ningún lado, ni de los cocaleros, ni del programa de desarrollo alternativo. Debemos informar con la verdad y en ese sentido debemos respetar nuestros principios”. De esta forma, León hizo un llamado a los periodistas a que informen con pluralidad y a los dirigentes cocaleros a que no amedrenten a los hombres de prensa.
Elevada cifra de agresiones
León calificó como preocupante el asunto, pues en Perú hay libertad de prensa a diferencia de otros países e incidió que es muy elevada la cifra de agresiones contra periodistas. Indicó que en el 2006 se reportaron 96 agresiones, en tanto que los casos más complicados se presentaron en las zonas cocaleras y mineras.
Añadió que en lo que va de 2007, ya son más de 130 los casos de periodistas amenazados, querellados o agredidos”, alertó al tiempo de señalar que existen tres formas de agresiones contra el ejercicio periodístico: querellas por difamación para procesar a periodistas; el conflicto social en zonas como San Martín, el Alto Huallaga, Aucayacu; y muchas amenazas de autoridades públicas que son denunciados por corrupción o malversación de fondos.