El Comercio. Resulta impresionante la poca importancia que algunas autoridades nacionales, regionales y distritales conceden a la conservación de nuestro patrimonio natural.
Prueba de ello son los atentados perpetrados en las últimas semanas contra el medio ambiente que, de no enfrentarse oportunamente, no solo acabarán con recursos invalorables e insustituibles, sino que afectarían el ciclo ecológico y en definitiva la vida de todos los peruanos.
El primer caso, denunciado ayer por nuestro Diario, se ubica en Lima y refiere a la conservación de los Pantanos de Villa. Tantas veces maltratado en el pasado, y, al parecer, también en el presente, en esta ocasión la amenaza proviene de subterfugios legales que pueden arrasar de un zarpazo con su intangibilidad.
Así, aunque parezca increíble, subsisten indefiniciones legales y dualidades en la aplicación de normas de prevención que han abierto las compuertas al desmanejo total de la zona protegida.
La responsabilidad es compartida por todas las entidades con injerencia en los pantanos, incapaces de ponerse de acuerdo para trabajar de manera conjunta en su beneficio.
El resultado: mayor contaminación de los humedales y lagunas, que el sector Ambiente y las nuevas autoridades de la Municipalidad de Lima se han comprometido a proteger para evitar que el cemento y los desagües sigan invadiendo el verdor y matando la biodiversidad.
Otro caso grave es lo que se sucede en el Pongo de Mainique del Cusco, perennizado en “El hablador” de Mario Vargas Llosa como uno de los escenarios más bellos y sagrados para los matsiguengas, ubicado dentro del Santuario Nacional Megantoni.
Pues bien, hoy está amenazado por proyectos energéticos, aunque ostenta la categoría de reserva; un estatus que no se está respetando.
La situación establece una disyuntiva que algunos grafican en la siguiente pregunta: ¿o promovemos la inversión o cautelamos el patrimonio natural?
Ante eso, la respuesta es clara: una cosa no se contradice con la otra, si se entiende que el desarrollo se resume en la siguiente ecuación: prevenir más revertir más desarrollar negocios ecológicos.
Sin embargo, como ha demostrado el último conflicto que enfrentó a los comuneros de Huambo (Recuay, Áncash) con la minera Chancadora Centauro, aún estamos muy lejos de conciliar el binomio desarrollo-medio ambiente.
En este último caso, resulta inconcebible que una persona haya debido morir a consecuencia en esa larga protesta para que finalmente se vislumbre un acuerdo que, dígase de paso, no partió del Gobierno sino de la empresa.
Probablemente existen infiltrados en este problema, ¿pero por qué el Estado, el inversionista y la población no se juntaron antes en una mesa de diálogo para definir los alcances de los estudios de exploración, la intangibilidad de la laguna Conococha y la cuenca hidrográfica del río Santa? ¿Qué pasará ahora que la minera ha suspendido temporalmente sus actividades exploratorias para salvaguardar “la paz social y regional”?
Necesitamos con urgencia una política ambiental que concilie el desarrollo nacional, una inversión socialmente responsable y los intereses de comunidades que, cual celosas guardianas, solo exigen proteger recursos que pertenecen a todo el Perú.