«La atención a los problemas de vivienda o de bienestar social no tienen que darse a costa de dañar el patrimonio de todos los peruanos. Hay otras vías o modelos que se pueden seguir», dijo Gabriel Quijandría, exministro del Ambiente, al cuestionar el proyecto de ley que plantea «formalizar las posesiones informales asentadas hasta el 31 de diciembre de 2015, en zonas arqueológicas y/o históricas y en zonas de protección y tratamiento paisajista»
Como se sabe, el proyecto de ley 837/2021-CR fue presentado por la congresista por Podemos Perú, Digna Calle. Frente a ello, el actual Director regional para Sudamérica de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza dijo que la propuesta encarna «un problema habitual que tenemos en el Perú, que es el de buscar solucionar situaciones indeseadas, como las invasiones o la minería ilegal, ampliando plazos de manera eterna y permanente diciendo que es una situación excepcional que se va aprobar por una vez. Por experiencia que hemos tenido en el país, eso nunca queda allí».
Quijandría alertó de los peligros que conllevaría el proyecto de ser aprobado, pues «legaliza posesiones o apropiaciones que se otorgaron en algún momento de manera inadecuada en zonas que no lo permitían». Y es por esta razón, que la materialización de un proyecto como este «genera una expectativa que luego se convertirá en presión por parte de los beneficiarios que aprovecharán problemas de incapacidad de las entidades públicas» para seguir avanzando sobre áreas que son patrimonio nacional.
Consideró que este tipo de iniciativas terminan siendo una especie de «puerta abierta» para que personas involucradas en el tráfico de tierras o en el tráfico de recursos puedan alegar que desarrollan sus actividades ilícitas de manera legal y con todas las de la ley. De esta manera, esta personas podrán seguir avanzando sobre las tierras que han ocupado, para luego generar presión política para su posterior formalización, alertó.
En ese sentido, citó el caso de Caral en donde se aprecian agricultores apoyados por mafias dedicadas al tráfico de terrenos. A travéz de abogados, advirtió que ellos podrían decir que les competerá ser beneficiarios del proyecto de ley cuestionado. «Hablamos de un caso concreto, debidamente registrado e identificado», precisó. Un peligro acrecentado se cierne sobre un complejo arqueológico que aún no haya sido puesto en valor o debidamente estudiado, declaró a INFOREGIÓN.
Más voces contra la propuesta de la congresista Calle
Para el abogado especializado en materia ambiental, César Ipenza, «este proyecto no tiene ningún sustento legal, es más estaría yendo en contra de la Constitución». En ese sentido, particularmente en contra del artículo 66 de la Carta Magna, donde se señala que el Estado Peruano tiene la obligación de conservar las áreas protegidas en de nuestro territorio, dijo a INFOREGIÓN.
Agregó que esta propuesta no tiene en cuenta «la protección que le ha dado el Ministerio de Cultura a las zonas de Patrimonio Cultural y de Patrimonio Arqueológico. Es increíble que casi sobre las tumbas de nuestros ancestros pretendamos construir y destruir, formalizando propiedad ilícita o ilegal». Lamentó que iniciativas como esta revelen el nivel de interés que nuestro patrimonio tiene en ciertos parlamentarios