Si alguien ponía en duda la posibilidad de que el narcotráfico y el dinero negro estén infiltrados en la política nacional debió escuchar a las procuradoras Antidrogas y de Lavado de Activos, Sonia Medina y Julia Príncipe, durante su presentación en el Congreso, el lunes último.
Ambas revelaron a la Comisión de Defensa que cinco congresistas, tres presidentes de gobiernos regionales y 11 alcaldes son investigados actualmente por lavado de dinero y narcotráfico.
En la lista de la procuradora Medina figuran el presidente regional de Huánuco, Luis Picón Quedo; así como los burgomaestres de Satipo, el comandante EP (r) César Merea, de Aucayacu, Madelem Cloud, y de Puerto Pizana, Tocache, Abelardo Payano.
Mientras tanto, en la nómina de investigados por Príncipe aparecen los parlamentarios María López Córdova (Fuerza Popular), Virgilio Acuña (Solidaridad Nacional), Carlos Bruce (Concertación Parlamentaria), Wuiliam Monterola (Unión Regional) y Francisco Ccama Layme (Fuerza Popular).
También están comprendidos los presidentes de los gobiernos regionales de Ayacucho y Áncash, Wilfredo Oscorima y César Álvarez.
“El narcotráfico ha penetrado la política al más alto nivel”, se lamentó Medina. “Nadie lo había querido ver hasta hoy”.
Las investigaciones de las procuradoras coinciden, en algunos puntos, con la denuncia del sociólogo Jaime Antezana, quien la semana pasada reveló a CARETAS la lista de Antezana los nombres de siete congresistas que, según él, están vinculados al narcotráfico.
Algunos nombres se repiten en las tres listas.
Uno de ellos es el de la congresista fujimorista María López Córdova.
LLUVIA DE MILLONES
Antezana sostiene que ella y su cónyuge, Erlis Del Castillo, lavan dinero del narcotráfico. Eso no está probado, pero la procuradora Príncipe lleva dos años investigando la fortuna de la parlamentaria.
El Informe N°26-2013-UP-FEDCF-MP, elaborado por la Fiscalía en mayo pasado y al que CARETAS tuvo acceso, concluyó que, en el periodo en el que López trabajó como secretaria de la congresista fujimorista Luz Salgado –entre 1996 y el 2006– ella y su esposo realizaron transacciones por US$ 2,086,769 sin ningún sustento.
López y su esposo sostienen que su patrimonio fue labrado cuando este último migró al Japón para trabajar en distintas fábricas entre 1992 y 1996, de donde regresó con ahorros por US$ 100,000.
Del Castillo, sin embargo, no registra viajes al extranjero, según Migraciones, por lo que se presume que estuvo de ilegal en el Japón.
La Fiscalía constató que, en los cuatro años que estuvo en dicho país, sus familiares recibieron remesas por US$ 35,065.74.
Volvió al Perú en 1996 y compró 7 embarcaciones pesqueras por US$ 400,000. Los barcos de Del Castillo, según los investigadores, no arrojaron ganancias por cuatro años. Pero en 2000, la propia López compró otros dos barcos por US$ 160,000.
La congresista fujimorista hizo llegar a CARETAS una carta en la que señala que “fui la primera en solicitar el levantamiento de mi fuero parlamentario para esta investigación sin fin”, pero no respondió a las solicitudes de entrevista que le hizo esta revista.
LA POTA Y LA COCA
Otro nombre que se repite en las investigaciones de la procuradora Medina y de Antezana es el del alcalde de Satipo, César Merea.
Antezana sospecha que Merea financió la campaña del congresista Federico Pariona (Fuerza Popular), pero no hay prueba de ello, pues el legislador no ha presentado sus gastos de campaña ante la Onpe.
Merea, un comandante del Ejército en retiro, fue procesado por narcotráfico por la “desaparición” de seis sacos de cocaína de la sede del Comando Político-Militar de Satipo, del cual él era el jefe, en 1996.
La Sala Superior Mixta Antidrogas de Lima lo sentenció a 14 años de prisión en 1998, pero fue absuelto en apelación por el vocal supremo Alejandro Rodríguez Medrano, vinculado a Vladimiro Montesinos.
Merea volvió al Ejército, pero en 2004 fue acusado de alojar en el Casino Militar de Piura a narcotraficantes del cártel de Tijuana que enviaron toneladas de cocaína en pota a México, según la Policía.
El 18 de octubre del 2010 el abogado y ex fiscal Florencio Grández denunció que el expediente Nro. 092-1996 –con la investigación por presunto tráfico de drogas contra Merea– había sido “sustraída o desparecida” del Poder Judicial.
Gracias a este suceso, Merea postuló y salió elegido alcalde de Satipo por la agrupación fujimorista Fuerza Popular, en 2010.
En noviembre de ese mismo año, Merea contrató al hoy congresista Pariona como Gerente de Desarrollo Económico.
“Solo trabajé dos meses con él. Menos aportó para mi campaña”, sostuvo Pariona a CARETAS.
Merea, por su parte, dijo a esta revista que el parlamentario era su amigo y que, incluso hoy, su hermano Javier Pariona trabaja con él como subgerente de Maquinarias en el Municipio de Satipo.
EL CLAN PICÓN
El actual presidente regional de Huánuco, Luis Picón Quedo, es otra de las autoridades investigadas por la Procuraduría Antidrogas. Su nombre también está en la lista de Antezana.
El sociólogo sostuvo que Picón financió parte de la campaña electoral de su paisano, el congresista Josué Gutiérrez Cóndor (Gana Perú).
El aludido lo negó, pero tampoco ha presentado su relación de gastos de campaña a la Onpe.
Picón y su familia son investigados por lavado de dinero del narcotráfico desde el 2010. El 15 de agosto pasado, el titular de la Fiscalía Provincial Especializada de Tingo María, Fernando Collazos, dispuso archivar la investigación por falta de pruebas.
La Procuraduría Antidrogas interpuso recurso de queja alegando que Collazos no valoró correctamente los indicios que vinculan a Picón y a su familia con el lavado de activos y el tráfico de drogas.
Los peritajes contables de la Fiscalía arrojaron un desbalance de US$ 4 millones en las empresas que posee el clan Picón en Huánuco.
La Procuraduría, además, documentó dos hechos que sustentan el “delito fuente”: la familia Picón tuvo como administrador de sus empresas durante varios años a Jhon Frederic Shanon, un requisitoriado por narcotráfico desde el año 1994, según la Policía.
Shanon aparece referenciado en cuatro atestados policiales como miembro de la organización del narcotraficante “Tío Abraham”.
Por otro lado, en 1997, la cuñada del actual presidente regional de Huánuco, Lilia Guzmán Silva, cayó en el aeropuerto Jorge Chávez con 5 kilos de cocaína escondidos en su maleta. Viajaba a Brasil.
La semana pasada, el congresista Gutiérrez negó cualquier vinculo laboral con Picón. No obstante, el martes último admitió que fue abogado de una de las empresas de este clan, entre el 2002 y el 2003.
Gutiérrez defendió a la empresa Vidagro SAC, cuyo gerente general es Juan Orfilio Picón, hermano del presidente regional de Huánuco y esposo de la ‘burrier’ detenida en 1997, en un proceso judicial interpuesto por un ex trabajador de la compañía.
“Yo no sabía que Luis Picón Quedo estaba siendo investigado. No he hecho nada ilegal. Si es culpable o no de lavado de activos él mismo tendrá que responder”, declaró el congresista a CARETAS.
La próxima semana, Antezana presentará a la Procuradora Antidrogas los indicios que sustentan su acusación. Y luego de ello, Medina evaluará si formaliza o no la apertura de una mega investigación preliminar. (Álvaro Arce/Cortesía Caretas)