LIMA. Ruth Shady, arqueóloga y descubridora de Caral, viene recibiendo amenazas de muerte, luego de que iniciara una lucha frontal contra el tráfico de terrenos en la ciudadela más antigua de América, ubicada en Supe, en la región Lima. A la fecha, la investigadora no puede trasladarse hasta la zona arqueológica, debido a las constantes agresiones.
La especialista comentó que ella es agredida verbalmente por los traficantes de terrenos y los miembros de su equipo han sido golpeados.
“No soy la única, todo mi equipo recibió las amenazas, incluso los abogados, les dijeron que los van a enterrar conmigo. En estos tiempos de pandemia, una familia ha invadido parte de Caral. La Fiscalía y la Policía no están actuando como deben ser. No hay resguardo policial. Al arqueólogo encargado de Caral lo han golpeado. No solamente es contra mi persona, es contra todos”, sostuvo a RPP Noticias.
Asimismo, Shady detalló que la Policía de Supe les mencionó que no era su prioridad atender los centros arqueológicos durante la pandemia. Además, denunció que en la gestión del expresidente Francisco Sagasti, dos ministros le increparon que tenía que pagar para obtener resguardo de los efectivos.
“Hace poco tiempo, cuando nos dejaron sin policía y con amenazas por teléfono, hemos estado acudiendo permanentemente. A través del ministro anterior (de Cultura), le dijimos que ayudara con el Ministerio del Interior. Pero me dijeron que no había policías, que teníamos que pagar 3.780 soles al mes a cada policía por ocho horas de trabajo”, increpó.
Tras esta situación, la especialista comentó al Ministerio de Cultura si podía asumir el costo del resguardo policial, pero la cartera no se hizo responsable.
“Pese a que tenemos las denuncias en el Poder Judicial, ellos tienen que ser sacados como invasores, porque (el terreno) está a nombre del Estado. Ratificaron (la medida) en la Corte Superior en 2018. Pero hasta ahora siguen invadiendo Caral. Nos han denunciado como si fuéramos usurpadores cuando los usurpadores de terrenos son ellos”, añadió.
Fuente: La República