La extranjerización de tierras en Argentina ha sido una constante desde su Independencia de España. La Constitución no sólo no impide que el Estado venda tierras a extranjeros, sino que tienen los mismos derechos que las personas nacidas en el país.
En el 2016, el presidente Mauricio Macri modificó por decreto la Ley 20.737, o Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, promulgada en el 2011 por la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015) con el fin de limitar la extensión de tierras agrícolas que pueden poseer inversionistas extranjeros.
El decreto 820/2016 aumentó de 25% a 51% el porcentaje que una persona natural o jurídica extranjera pueda poseer en una sociedad rural. Igualmente, permite que titulares extranjeros puedan adquirir más de 1,000 Ha en la zona más productiva del país que abarca el norte de Buenos Aires, sudeste de Córdoba y sur de Santa Fe, lo cual estaba prohibido por la Ley 20.737.
Según el subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia Martín Borreli, el decreto de Macri “allana y favorece el camino a las inversiones extranjeras productivas, virtuosas y a largo plazo en el país”.
No obstante, han surgido numerosos cuestionamientos en el sentido de que al permitir la normativa la adquisición indiscriminada de tierras por personas naturales o jurídicas extranjeras, pone en riego la soberanía nacional.
Para Eliana Márquez, columnista del informativo La Opinión Digital, ejemplo de ese riesgo es al “que están expuestos los miembros de los pueblos originarios, el impedimento para acceder a lagos y ríos que son cercados por propietarios y hasta la imposibilidad de pastoreo de los animales”.
Al 2013, más de 16.2 millones de hectáreas, equivalentes a 6% de la superficie total, estaban en manos de propietarios extranjeros, de acuerdo con cifras del más reciente relevamiento de tierras rurales. De ellas, 1.1 millones de hectáreas pertenecen a empresas radicadas en paraísos fiscales, incluyendo Antigua y Barbuda, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Uruguay. Actualmente, las principales inversiones extranjeras en tierras argentinas provienen de EEUU, España e Italia.
El caso Benetton
Los antecedentes del proceso de extranjerización y acaparamiento de tierras, que perdura hasta hoy, hay que rastrearlos al siglo XIX, como señaló a Noticias Aliadas la abogada Sonia Ivanoff, defensora de los derechos del pueblo mapuche: “cuando sectores oligárquicos decidieron incorporar al naciente Estado argentino territorios tradicionalmente ocupados por pueblos indígenas. El Chubut fue entregado a compañías inglesas a cambio de un empréstito en libras esterlinas. Como solemos decir, se entregaron tierras con los indios adentro y esta situación es la que viene a reivindicar el Lof [organización social mapuche], no sólo por los derechos que hoy se le reconocen a los pueblos indígenas sino porque hoy el pueblo mapuche y tehuelche vive en las peores condiciones”.
Tras la llamada “Conquista del Desierto”, que entre 1979 y 1885 arrasó con las comunidades mapuche y las despojó de sus tierras, el Estado argentino entregó a la Compañía de Tierras del Sud Argentino grandes extensiones de tierras en la Patagonia que fueron explotadas por más de 130 años sin pagar un centavo en tributos.
En 1991, durante el gobierno del expresidente Saúl Menem (1989-1999) el empresario italiano Luciano Benetton adquirió las tierras que habían pertenecido a la Compañía de Tierras del Sud Argentino. Por US$ 50 millones compró alrededor de 900,000 Ha ubicadas en las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires dedicadas a la producción de lana; tiene 280,000 ovejas que producen 1,300 TM de lana anualmente.
La resistencia mapuche no cesó y el más reciente conflicto ocurrió a principios del 2017 en la comunidad mapuche Pu-Lof, provincia de Chubut, en pleno corazón de la Patagonia argentina, cuando efectivos armados intentaron desalojar, cumpliendo la orden de un juez federal, a un grupo de indígenas que se habían instalado en un terreno que Benetton reclama como propio.
La extranjerización y acaparamiento de tierras fue legalizado y legitimizado por los sucesivos gobiernos argentinos en el siglo XX. Incluso la ley de 2011, que limitaba la posesión de tierras a extranjeros a 1,000 Ha, no era retroactiva y los grandes propietarios no fueron tocados.
De acuerdo con GRAIN, organización internacional que apoya a campesinos y agricultores de pequeña escala y movimientos sociales, “los precios de las tierras han amentado desde la década pasada a partir de la bonanza de los altos precios de las materias primas, que a su vez atrajeron el interés de los grandes inversores por comprar o alquilar campos para la producción de alimentos, muchas veces transgénicos, para su exportación, lo que ha ido en detrimento de la presencia de pequeños agricultores”.
Fuente:
Noticias Aliadas
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