Archivan investigación por terrorismo contra 35 promotores de la consulta sobre minera Majaz

El titular de la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura, José Ortiz Arévalo, archivó definitivamente la investigación por delito de terrorismo contra 35 personas que organizaron la consulta vecinal de setiembre del 2007 sobre las operaciones mineras en las provincias piuranas de Ayabaca y Huancabamba.
 
Las 35 personas que impulsaron la consulta vecinal en Piura fueron denunciados en marzo último como representantes de grupos radicales de izquierda y remanentes de Sendero Luminoso  y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru,  por la Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, ACFUCCSC, entidad que apoya las actividades de la empresa Minera Río Blanco Copper S.A (antes Minera Majaz S.A.).
 
Entre los denunciados figuran Nicanor Alvarado Carrasco, integrante de la Vicaría del Medio Ambiente de Jaén  en Cajamarca; Magdiel Carrión Pintado, presidente de la Federación Provincial de Rondas Campesinas de Ayabaca; así como los alcaldes Carlos Martínez Solano y Humberto Marchena Villegas de San Ignacio y Ayabaca respectivamente.
 
De igual manera, Deyber Flores, teniente alcalde del distrito de Ayabaca, Piura; Euler Jave Díaz, gerente municipal de San Ignacio; y Javier Jancke, abogado de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, FEDEPAZ.
 
Sin embargo, 20 días después de conocerse la segunda ampliación del plazo de investigación dispuesto por la dicha Fiscalía, se estableció que la denuncia formulada contra los alcaldes, dirigentes comunales, defensores de derechos humanos y del medio ambiente, «no tiene fundamento ni en los hechos, ni en la ley».
 
David Velazco, miembro de FEDEPAZ y abogado de los acusados, resaltó que se trataba de una falsa denuncia. Igualmente, el representante del Ministerio Público garantizó en todo momento el derecho de las partes a probar sus argumentos.
 
Como se recuerda, la población de Ayabaca, Pacaipampa (Ayabaca) y El Carmen de la Frontera (Huancabamba) rechazó en el 2007 la actividad minera en sus respectivos distritos, en una controvertida consulta  vecinal que dividió a la opinión pública.