APURÍMAC. El día de mañana, 25 de agosto, la comunidad originaria de Chuicuni, ubicada en el sector Juan Velasco Alvarado, distrito de Challhuahuacho, corre el riesgo de ser despojada de sus tierras ancestrales de acuerdo con una disposición emitida por el Juzgado Penal Liquidador de Tambobamba. La comunidad es acusada por el delito de usurpación de tierras. Esto pese a que ya existe una sentencia previa, según el código penal, donde se contempla la restitución del bien inmueble supuestamente invadido.
Además, esta ha sido reconocida por el Estado, a través del Ministerio de Educación, cartera que autorizó en la comunidad de más de 400 hectáreas la construcción de un colegio de nivel inicial y primaria, el cual recibe a más de 60 alumnos por año. Ante ello, se exige la intervención inmediata de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Cotabambas para evitar que los niños y niñas de la comunidad queden sin acceso a su derecho a la educación.
“No sabemos cómo se va a ejecutar el desalojo porque no hay georreferenciación específica sobre el territorio que será restituido, no hay una especificación técnica que delimite el área, en el acta no está especificada del punto 1 al punto 2 con coordenadas tales, eso no hay”, explicó el abogado de la comunidad, Alexander Anglas.
Comunidad en la mira por exhacendados
El principal agraviado por parte de las supuestas acciones de invasión cometidas por la comunidad es Héctor Cruz Mendoza, quien viene de una familia de exhacendados. Según lo declarado por José Luis Yucra Gutiérrez, presidente de la comunidad, la familia Cruz reconocía a esta, desde hace décadas, como originaria. Por tal motivo, desconocen las razones que ahora han motivado dicha denuncia.
Cabe resaltar que en junio del año pasado se inició un conflicto socioambiental entre Chuicuni y Las Bambas S.A. Las familias campesinas señalan que la empresa minera no cumple con compromisos asumidos y solicita formar parte del área de influencia directa de Las Bambas.
Lee el pronunciamiento completo de la comunidad aquí.