El Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc), presidido por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), aprobó la política nacional para controlar y reducir el fenómeno de la trata de personas y sus diversas formas de explotación. Esta cumple con los estándares internacionales establecidos por las Naciones Unidas así como con el Protocolo contra la trata de personas.
El mencionado protocolo se divide en tres ejes: la atención de los factores sociales y culturales que la generan; la persecución y sanción eficiente de los delitos de trata y explotación de personas ; y por último la efectiva protección y recuperación de las víctimas.
Actualmente existe alrededor de 10 regiones donde existe mayor incidencia de este delito, en especial por explotación sexual. En casi todas estas zonas la explotación por trata se encuentra ligada a actividades ilegales extractivas como la minería ilegal, la tala de madera, entre otras informó el Minjus a INFOREGIÓN.
Además se aprecia una tolerancia social frente a este fenómeno, tanto de la comunidad como de las autoridades. Pese a las intervenciones que se realizan donde se produce la explotación sexual a consecuencia de la trata, se ha detectado que los lugares no son clausurados definitivamente, solo temporalmente, determinando que las víctimas regresen y continúen siendo explotadas.
También existe una problemática del Estado con la implementación de unidades de albergue que permitan una adecuada intervención y recuperación de las víctimas a nivel nacional.
La reunión de la Conapoc, estuvo encabezada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo, así como el congresista , Juan Carlos Eguren; representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional , Defensoría del Pueblo, Asociación de Municipalidades del Perú y representantes de las universidades del país, entre otros.
El Conapoc es un órgano multisectorial encargado de planificar, articular, supervisar y dar seguimiento a la política criminal del Estado, analizar el fenómeno social del delito y de aprobar las medidas para combatirlo, contribuyendo a reducir los índices de la delincuencia. También centra su labor en el sistema penitenciario, realizando acciones destinadas a mejorar la situación carcelaria de las personas privadas de libertad con el objeto de lograr su reinserción social.
Se encuentra presidido por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y conformado por las más altas autoridades del sector público, tales como el Fiscal de la Nación, el Presidente del Poder Judicial y el Defensor del Pueblo.