La iniciativa del gobierno y la bancada aprista, de acusar constitucionalmente al ex presidente Toledo por allanarse ante los fallos de la Corte Interamericana de derechos Humanos sólo cuenta hasta el momento con el apoyo de los congresistas de la alianza fujimorista, en lo que viene a ser la consolidación de la alianza apro-fujimorista que viene actuando en pared en varios temas de coyuntura nacional.
En este caso, ambas fuerzas políticas han sumado esfuerzos convenientemente para demostrarle a Toledo que se equivocó al allanarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso del penal Castro Castro.
Diversos analistas han comentado el conveniente respaldo a la iniciativa dada por el congresista Santiago Fujimori en el sentido de respaldar la denuncia constitucional contra el ex jefe de estado y su ministro de Justicia; así como el interés que tendría el ejecutivo de cuestionar las sentencias de la Corte, que aún tiene pendiente resolver los casos de la matanza del Frontón y la muerte del dirigente Saúl Cantoral, y que involucran directamente al actual partido de gobierno.
En esta cruzada ambos grupos están solos porque ya los voceros de Unidad Nacional y de la Alianza Parlamentaria, rechazaron la iniciativa y aseguraron que apoyarán su aprobación.
Mientras tanto, Miguel Jugo, director de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, calificó como «una locura» la acusación constitucional contra Toledo y señaló que con esta actitud, el gobierno busca proteger a Fujimori. «Aquí el único responsable es Fujimori y ante ese hecho real y concreto, el estado tiene que allanarse a la Corte de San José» explicó.