A raíz de la reciente publicación de dos artículos periodísticos en un diario de circulación nacional en la que se informa acerca de un proceso judicial seguido contra el señor Melitón Cadillo Arce que involucra a la empresa minera Antamina, esta aclara que este juicio no puede ser visto como un intento por “judicializar la protesta social” en Ancash.
En el proceso judicial que se menciona, el Ministerio Público actuó de oficio al verificar la comisión de delitos cometidos por la persona citada durante un bloqueo de carretera registrado en Ancash el 16 y 17 de enero del 2011. En aquella ocasión, dos personas que trabajaban para Antamina fueron víctimas de agresión y secuestro. Justamente por este hecho se inició el proceso judicial respecto del cual la Fiscalía formalizó denuncia.
La empresa precisó que el caso judicial no se entabló para ”judicializar la protesta social”, sino que responde al hecho que una protesta es válida para expresar el sentir de una comunidad, siempre y cuando no se atente contra los derechos de los demás y lleve a la comisión de delitos que son penalizados por las leyes de nuestro país.
En ese sentido, la sentencia contra Cadillo Arce no es un hecho aislado. Se sabe que es una persona sobre quien pesan diversas denuncias judiciales y policiales en Lima y Ancash: lavado de activos, conducción en estado de ebriedad, hurto, coacción, disturbios, asociación ilícita, falsificación documentaria, falsedad ideológica, usurpación, maltrato físico, estafa, entre otras.
Se trata además de una persona de poco arraigo en la zona ya que es presidente de dos asociaciones familiares, cuyas juntas directivas están compuestas por el mismo más cinco de sus hermanos, se informó a INFOREGIÓN.