Esa sabido que desde hace más de 10 años se implementan Proyectos REDD+ en nuestro país. Se trata de una iniciativa consistente en planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación y degradación de los bosques. Estos proyectos generan créditos de carbono que se comercializan internacionalmente y permiten acceder a financiamiento climático que llega a los titulares del bosque.
Ante la importancia del tema es que la empresa Paskay publicó el informe ¿De quién es el carbono forestal en el Perú?. El texto presenta análisis legales y hallazgos sobre el marco reglamentario peruano que sustenta el uso, aprovechamiento y disfrute de servicios ambientales de secuestro de carbono y los derechos sobre los créditos de carbono emitidos por la generación de resultados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Se recuerda que, sobre todo, los proyectos REDD+ se han desarrollado en áreas naturales protegidas (ANP), comunidades indígenas y concesiones forestales. Sin embargo, ¿ellos son los únicos que tienen derecho a vender créditos de carbono? Esta es una de las interrogantes cuya respuesta podrá encontrar el lector en la publicación citada.
El informe tomó en cuenta la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763) y sus reglamentos, respecto del uso, aprovechamiento y disfrute del secuestro de carbono y, la Ley Marco sobre Cambio Climático (Ley N° 30754) y su reglamento respecto de las unidades de reducción de emisiones.
Se observa que la legislación peruana reconoce el derecho de concesionarios forestales, predios privados, comunidades nativas, titulares de contratos Cusaf, bosques locales y autorizaciones con títulos habilitantes vigentes que incluyan el aprovechamiento de este en sus planes de manejo forestal, así como aquellas entidades públicas que gestionan los bosques como Sernanp, Serfor y gobiernos regionales.