Durante el programa radial El Diario del Aire, que co-produce INFOREGIÓN, se dio a conocer los resultados de una reunión en el coliseo del colegio Padre Abad, en la provincia de Leoncio Prado, en donde participaron abogados, ingenieros, ecologistas y ciudadanos, quienes hicieron un recuento de las consecuencias de la instalación de galpones de los comerciantes en la Alameda Perú.
Entre las principales implicancias de esta ocupación se mencionó la falta de instalación de servicios higiénicos para la masa de concurrentes, la falta de alumbrado y energía eléctrica, la ausencia de comodidades mínimas para quienes se dedican al negocio de comidas y el condicionamiento de la seguridad ciudadana.
En la reunión, los especialistas coincidieron en criticar con dureza al alcalde de Tingo María, Pascual Guzmán Alfaro, por haber tomado la decisión de reubicar a los comerciantes en la primera cuadra de la Alameda Perú mientras se culmina la construcción del nuevo mercado de abastos. La alameda ya ha sido ocupada hasta su tercera cuadra, a escasos 50 metros de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado. La decisión, dijeron, fue “inoportuna” y “poco inteligente”.
Al final, todos los que participaron en la reunión (alrededor de 200 personas) acordaron que se dirija un reclamo masivo al señor alcalde para que retroceda en su decisión. Por esta razón, los abogados del Frente Cívico de Desarrollo Integral de la Provincia de Leoncio Prado informaron que presentarán hoy un recurso de Habeas Corpus al juez penal para que ordene la paralización de estas obras de instalación.
Pudieron ocupar otras instalaciones
En conversación con el presidente del Frente Cívico, José Pulgar Tapia, se reveló que la autoridad provincial pudo haber tomado la decisión de ubicar a los comerciantes en la explanada del estadio de la provincia, ubicado a dos minutos del centro de la ciudad, o en la Playa Tingo, un amplio espacio donde se suele celebrar la fiesta de San Juan.
“Era predecible que se ocuparan más cuadras de la Alameda Perú. Estamos viendo, mediante acciones legales, cómo se puede detener esto. Los peor de todo es que las autoridades dijeron que no tenían otros lugares en donde reubicar a esta gente, pero hemos visto que no es así”, indició Pulgar.
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