América Latina registra el costo más alto para llevar una alimentación sana

Un reciente informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) revela que en América Latina y el Caribe casi un tercio de la población no tiene acceso a la seguridad alimentaria. 

Asimismo, en el estudio se resalta que en ambos continentes la prevalencia a que una persona no pueda adquirir alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades de energía alimentaria mínimas diarias ha llegado a alcanzar el 7,9%, lo que equivale a más de 40 millones de personas sin acceso a alimentos necesarios para llevar una vida normal, activa y sana. 

En esa línea, la FAO ha señalado que en la región del continente americano el número de ciudadanos afectados por el hambre se ha incrementado en nueve millones de personas, solo entre 2015 y 2019. Por tal motivo, el organismo especializado de la ONU estima que América Latina y el Caribe están muy lejos de lograr el objetivo del hambre cero o reducir en grandes medidas la subalimentación crónica, principalmente debido a que la problemática se mantiene en constante aumento. En ese sentido, para el 2030 se espera que el hambre llegue a impactar al 9,5% de la ciudadanía en esta parte del mundo. 

Pese a que existen otros continentes con graves índices de inseguridad alimentaria, tales como África, donde esta afecta a 675 millones de personas, en América esta aumenta con más rapidez, en comparación a cualquier otro lugar en el mundo. Por ejemplo, en Sudamérica pasó de alcanzar el 22,9% en 2014 a 31,7% en 2019. 

Finalmente, la FAO recomienda que el costo de los alimentos nutritivos debe reducirse y se deben replantear los lugares de producción para adoptar mejores decisiones sobre la adquisición, la preparación y el consumo de estos. Y, desde el Estado, se deben promover políticas destinadas a reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos con el propósito de fomentar el empleo y las actividades generadoras de economía, las cuales resultan esenciales para incrementar los ingresos de la ciudadanía y, por ende, el acceso seguro a una alimentación saludable. 

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