Un grupo de jóvenes designados para desarrollar las labores complementarias del registro de víctimas de la violencia política en el distrito de Monzón tuvieron que salir huyendo del lugar, luego que fueran interceptados por personas desconocidas que, luego de interrogarlos, los amenazaron y les dieron un plazo terminal para salir de la zona o atenerse a las consecuencias.
Los brigadistas pretendían lograr que ninguna víctima de la violencia en el valle del Monzón se quedara sin ser registrada, para poder tramitarle la reparación que con justicia le corresponde por parte del Estado.
La irracional actitud de estos sujetos sin embargo, los obligó a abandonar este trabajo, debiendo volver a Tingo María y dar cuenta de ello a la Coordinadora Regional del Registro de Víctimas, Lupe Ayllón Ruiz, quien mostró una gran preocupación y alzó su voz de protesta por el hecho.
Ayllón Ruiz reveló que los registradores cumplieron con sus primeras salidas, pero esta última resultó con inconvenientes serios por lo que se vieron obligados a replegarse, fundamentalmente por una información tergiversada de su labor.
Dijo, sin embargo, que volverán a la zona porque no desean que este proceso de registro de víctimas de la violencia se frustre y que las víctimas se queden sin hacer ejercer su derecho.
Consultado al respecto, el dirigente cocalero Eduardo Ticerán Salazar, el mismo que hace unos meses lideró el rechazo a la llegada de un juez de paz al valle del Monzón, derivó la responsabilidad de este lamentable hecho al alcalde Iburcio Morales , también ex dirigente cocalero, y al gobernador de Monzón.
Según Ticerán estas dos autoridades no cumplieron con comunicar a la población de la llegada de estos funcionarios.
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