Gran porcentaje de hectáreas de la Amazonía peruana están siendo parte de las concesiones que brinda el Estado para actividades extractivas. Las áreas naturales protegidas también están siendo perjudicadas por estas actividades, pues en ocasiones se superponen los lotes concesionados.
En este sentido, se señala el caso de la petrolera Maruel Et Prom Perú, que administra un lote en la Zona Reservada Santiago Comaina, y parte de la Reserva Comunal Tuntanain, según información de un medio local.
Lo mismo ocurre con la minera Afrodita S.A que tiene 5.100 hectáreas de concesión y que según pobladores awajún y wampis, pone en peligro los ríos Cenepa y Marañón que podrían ser contaminados con mercurio y cianuro. Parte de esta área, habría sido destinada a formar parte del Parque Nacional Ichigkat Muja, área natural protegida.
Las acciones que implican estas actividades pueden ir desde el derramamiento de ciertos elementos químico hasta la deforestación, causando un gran impacto en la biodiversidad amazónica y en la perdida de recursos para los pobladores. Lo que hace más preocupante esta situación es que hasta la fecha habría cerca de 16 lotes de hidrocarburos superpuestos irregularmente sobre 12 áreas naturales protegidas.
Pero no sólo estas empresas formales estarían afectando las reservas, sino también la persistente minería ilegal, sobre lo que muchos pobladores tienen miedo de un crecimiento pues dañaría más el medio ambiente.
Como ya se ha visto en años anteriores y en informes de conflictos manejas por la Defensoría del Pueblo, una mala planificación territorial en este sentido podría desencadenar futuros conflictos sociales.