AMAZONAS. La oficina de la Defensoría del Pueblo en Amazonas reiteró al Ministerio Público la necesidad de realizar acciones urgentes para lograr la asignación de recursos presupuestales, logísticos y humanos, que permitan la implementación de una cámara Gesell en la sede de Condorcanqui, con la finalidad de garantizar adecuadas investigaciones en los casos de violencia sexual, perpetrados, especialmente en agravio de niñas, niños y adolescentes de las comunidades indígenas.
La Defensoría advirtió que las dificultades geográficas, económicas y lingüísticas limitan el acceso y el traslado de la población indígena de Condorcanqui hacia las dependencias fiscales y judiciales encargadas de la investigación y sanción de los delitos que vulneran gravemente sus derechos. Principalmente, al ser la población menor de edad y las mujeres indígenas awajún y wampis, las que más sufren este tipo de violencia, tal como se señaló en un informe emitido en el 2017.
Asimismo, en supervisiones realizadas se identificó que las dependencias del sistema de administración de justicia en Condorcanqui no cuentan con condiciones mínimas para prestar un adecuado servicio a la población. Así, se ha identificado, por ejemplo, que no existe una División Médico Legal en la provincia, por lo que, las diligencias dispuestas dentro de las investigaciones penales son trasladadas a las sedes del Ministerio Público de Bagua o Utcubamba, lo que puede generar retraso en las mismas e impunidad para las víctimas.
A lo que se sumaría el escaso presupuesto con el que cuenta el Ministerio Público de Condorcanqui para asegurar la implementación de una cámara Gesell y la contratación de médicos legistas, situación que viene dificultando la actuación de la fiscalía para la persecución de los delitos, poniendo en riesgo el principio de debida diligencia fiscal, especialmente en los delitos de violación sexual.
En atención a ello, la institución recordó que este grave problema ha sido puesto de conocimiento a las autoridades regionales competentes de manera oportuna. Incluso, en el año 2018, se solicitó al fiscal de la nación garantizar adecuadas investigaciones a los graves hechos de violencia sexual contra adolescentes indígenas de Condorcanqui y Bagua, así como la implementación de cámaras Gesell, la contratación de personal médico y la asignación de recursos presupuestales.
Pese a estas exigencias, la Defensoría del Pueblo señaló que, hasta la fecha, estos problemas continúan sin la debida atención, siendo urgente que el Ministerio Público determine las acciones administrativas correspondientes para que logre implementar una cámara Gesell en la sede fiscal de Condorcanqui, conforme se declaró en la Ley n.° 30920.
Se hizo una invocación al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a reforzar el trabajo preventivo contra la violencia sexual en agravio de niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas en Condorcanqui, promoviendo la participación de las organizaciones indígenas y representantes de las comunidades, informó la Defensoría del Pueblo.