Luego de asistir a la ceremonia de graduación de 294 nuevos efectivos PNP de la Escuela Antidrogas de Mazamari, en Junín, el ministro del Interior, Luis Alva Castro, sostuvo que los significativos avances en la lucha contra el lavado de dinero podrían perderse si el Congreso aprueba la derogación la Ley de Pérdida de Dominio que transfiere al Estado las propiedades y los bienes adquiridos ilícitamente.
Alva Castro explicó que los cabecillas de las organizaciones del tráfico de drogas sustentan su poder en las cuentas bancarias y en las propiedades que las autoridades no han podido incautar, lo que les permite seguir con sus actividades criminales.
El ministro del Interior dijo que dicha norma no afecta el derecho constitucional de la propiedad, pues solamente se aplicará sobre aquellos bienes o propiedades cuyo origen ha sido ilegal.
La ley entró en vigencia el pasado 23 de noviembre y se ha constituido en una importante herramienta para la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro) porque luego de la investigación del Ministerio Público se permite “afectar con celeridad y eficacia los bienes o patrimonio obtenidos por las mafias de narcotraficantes”.
El caso de Fernando Zevallos
El ministro del Interior, Luis Alva Castro, sostuvo que la Ley de Pérdida de Dominio se aplicó en el denominado caso Z que sirvió para desarticular el conglomerado empresarial del fundador de Aerocontinente, Fernando Zevallos González, quien actualmente purga condena por tráfico ilícito de drogas.
Añadió que durante el 2007 se produjo el denominado caso Fontanella, con la participación del Ministerio Público y la DINANDRO, donde se incautaron embarcaciones fluviales, inmuebles y vehículos por un monto aproximado de 5 millones 200 mil dólares.
Previamente, Alva Castro felicitó a los nuevos miembros de la Policía Nacional del Perú y destacó que entre ellos hay 26 alumnos procedentes de las comunidades Asháninka, Nomatshigüenga y Llanesha.
Finalmente exhortó a todos a cumplir su función de mantener el orden público, combatir el crimen en sus diversas modalidades y contribuir a fortalecer y consolidar la seguridad ciudadana en todo el país.