El Comercio. La cobarde emboscada terrorista que costó la vida a dos trabajadores del Corah y a un policía en el valle del Huallaga no puede quedar impune. No solo debe merecer la más firme reacción del Estado para encontrar y desbaratar esta columna asesina, sino que también tiene que llevar a replantear la política gubernamental ante un complejo enemigo de dos cabezas.
Efectivamente, lo que se ha confirmado ahora es que aún existen células terroristas, que tienen considerable poder de fuego y que continúa la alianza nefasta entre senderismo y narcotráfico. Se ha probado que los terroristas no solo actúan como mercenarios y protectores de las mafias de la droga, sino que también han constituido sus propias “firmas” de producción con laboratorios y cadenas de comercialización.
Otro hecho incontrastable es que estos grupos delictivos han sentado sus reales en amplias zonas de la selva, aprovechando la ausencia del Estado y la accidentada y difícil geografía que dificulta la labor de la fuerza policial y militar.
Y eso es lo que quieren seguir usufructuando ilegalmente, ya sea convirtiendo en sus cómplices a los cocaleros ilegales, amedrentando o corrompiendo a las autoridades locales o, como ahora, atacando a los representantes del Estado involucrados en esta lucha. Ayer mismo, otro policía resulto herido en un enfrentamiento con narcotraficantes en Abancay.
En los últimos meses, como señalan los expertos, se vivió una tensa calma con pocos ataques sangrientos. Sin embargo ahora los grupos ilegales parecen rearmarse para recuperar posiciones perdidas luego de notables avances de las fuerzas del orden y del anuncio de nuevas acciones del Proyecto Especial de Control y Reducción de los Cultivos de Coca en el Alto Huallaga (Corah).
El Estado, como tal, no puede amilanarse ante esta nueva afrenta de los enemigos del orden y de la autoridad, que pretenden seguir controlando una parte del territorio con absoluta arbitrariedad e impunidad, para sus protervos fines.
¿Qué hacer? Como lo hemos reiterado previamente, la política antidrogas tiene que continuar privilegiando el diálogo con los cocaleros legales y los programas de sustitución de cultivos. Por otro lado, hay que ser muy severos pero articulados en las políticas de interdicción, así como de control de insumos y lavado de activos.
Mayor razón ahora para rearmar a nuestras Fuerzas Armadas y policiales con más personal, logística y armamento adecuado para este objetivo, pero también para reforzar y unificar los servicios de inteligencia y coordinar con los de otros países.
La lucha es dura y quizá larga, pero tiene que emprenderse. El ejemplo de lo que no debe pasar lo tenemos cerca, en Colombia y México: en el primero el narcotráfico y la guerrilla prácticamente se adueñaron de una parte del país y lo ensangrentaron, y el segundo es casi el país más violento del mundo debido a las pugnas entre los cárteles de la droga y los enfrentamientos con los agentes del Estado.
Eso es precisamente lo que debemos evitar; es decir que por ineficiencia, indolencia o irresponsabilidad, se repitan en nuestro país tales prospectos, con más muertes, desorden y quiebra de cualquier expectativa de desarrollo en paz.