La presencia de lavaderos de oro informales en el Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), podría generar un conjunto de daños ambientales que afectarán directa e indirectamente la salud humana, alertó el investigador ambiental del Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana (IIAP), Ronald Rojas Villalobos.
Tras la denuncia realizada por INFOREGION, en la que se detalla la presencia de lavaderos de oro informales en Teresita y Chirumpiari en el distrito de Kimbiri, Ronald Rojas lamentó que existan personas que por propio lucro manipulen sustancias químicas como el mercurio para poder extraer el oro pluvial, contaminándo y perjudicando el recurso agua del río Apurímac.
“Actualmente existe mucha negligencia de los propios empresarios -mineros artesanales- que por querer tener mayor rentabilidad contaminan el recurso agua con metales como el Mercurio que a la larga esto generará un costo muy alto para el medio ambiente y el ser humano”, lamentó.
Muerte lenta
Rojas Villalobos, explicó con preocupación la gravedad de la presencia de lavaderos de oro informales, al indicar que el mercurio es un metal que se utiliza para amalgamar (sintetizar) la producción de oro y por cada gramo de oro que se extrae se utiliza aproximadamente 10 gramos de mercurio, en tanto que el restante se volatiliza o se sedimenta en el sustrato del río.
”Si se extrae aproximadamente un kilo de oro estamos botando al medio ambiente siete kilos de mercurio y es un grave daño porque el mercurio tiene casi las mismas características del hierro, nuestro organismo fácilmente lo asimila, el problema es que en el caso de mercurio no lo depuramos sino que lo vamos bio acumulando, es decir, entramos en un proceso de muerte lenta”, explicó el especialista.
Vacíos legales
El especialista sostuvo que el problema no sólo se da a nivel de campo, sino que trasciende a malos direccionamientos de responsabilidades entre el Ministerio de Energía y Minas y de Ambiente.
“Actualmente existe un vacío legal y de competencia, el Ministerio de Ambiente no revisa los estudios de impacto ambiental, las actividades mineras ni petroleras; lastimosamente la única oficina que no fue descentralizada o no pasó al Ministerio de Ambiente fue la Oficina de Asuntos Ambientales de Energía y Minas que sigue teniendo, entre sus competencias, estudios de impacto ambiental. Al final la responsabilidad no sólo es de ellos, sino también de los propios empresarios”, concluyó Ronald Rojas.
Por ello indicó que es preciso que la PCM revise el problema a fin de evitar que la actividad minera informal pueda masificarse en el VRAE y se convierta en un grave problema ambiental como ocurre actualmente en la región de Madre de Dios.