La presunta organización ilícita que encabeza el abogado y empresario inmobiliario Rodolfo Orellana se ha infiltrado en la Policía, Fiscalía, Poder Judicial, Registros Públicos, notarias, gobiernos regionales, afirma la procuradora pública para lavado de activos, Julia Príncipe Trujillo.
Ella ha venido librando una dura batalla legal contra Orellana Rengifo y sus asociados desde el 2009. Lo que ha descubierto lo ha puesto en conocimiento de la fiscalía, hasta ahora con poca fortuna, pues las investigaciones recién empiezan a moverse.
FISCALÍA INACTIVA
En agosto del 2011, el entonces fiscal de la Nación, José Peláez designó al fiscal provincial Luis Arellano como fiscal ad hoc para investigar las denuncias de lavado de activos, fraude y estafa contra dicho empresario, pero al cabo de un año y medio el caso fue archivado.
En el 2012 volvió a ser reabierto en manos de otro fiscal más acucioso, pero entonces, la organización recurrió a sus contactos en el Poder Judicial: un juez de la localidad de Atalaya, en Ucayali, ordenó excluir a Rodolfo Orellana de dicho proceso.
Tras la reacción pública, la última semana, la fiscalía especializada en lavado de activos, que despacha el fiscal superior Marco Guzmán, ha vuelto a reactivar el caso, al revocarse el fallo del juzgado de Atalaya.
La investigación involucra hoy a 53 personas y más de un par de docenas de empresas de fachada, entre estudios de abogados, inmobiliarias y hasta una cooperativa que tiene un convenio con el Congreso para ofrecer créditos a sus trabajadores.
BRAZOS MUY LARGOS
«Se ha determinado que hay vinculaciones, hay brazos del señor Orellana en todas las instituciones del Estado: Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Registros Públicos, gobiernos regionales y más», afirma la doctora Príncipe.
Esa infiltración, explica la procuradora, le permite actuar impunemente y que luego fracasen o se congelen las investigaciones que promueve la Procuraduría o sus víctimas.
Entre las víctimas de Orellana, además de personas particulares, se encuentran la Superintendencia de Banca y Seguros y la Oficina de Supervisión de Contrataciones del Estado (OSCE) prohibidas por fallos judiciales de controlar a la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex).
Esta empresa, sin tener un sustento económico, otorga millonarias cartas fianzas a empresas que contratan con el Estado. Luego las empresas incumplen los contratos y el Estado no tiene a quién cobrarle las cartas fianzas de Coopex.
EL ASESOR DEL FISCAL
Uno de los socios fundadores y director de Coopex, Daniel Ramsay Romero, fue entre el 2011 hasta hace un par de meses, uno de los principales asesores del fiscal supremo José Peláez Bardales.
Ramsay dice haberse apartado de Orellana el 2010, pero es claro que en la gestión Peláez, su exsocio y exjefe no pudo ser investigado.
Un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera, estableció el 2012 que la organización de Orellana habría blanqueado fondos por 14,43 millones de dólares, supuestamente provenientes del narcotráfico.
Los últimos reportes reservados de la UIF triplican ese monto por supuestas actividades ilícitas provenientes del tráfico y apropiación de terrenos, la estafa, el fraude, la minería ilegal, trata de personas y narcotráfico. La UIF ha rastreado las cuentas de Orellana y sus asociados en bancos nacionales y en entidades bancarias de Panamá y China.
ATAQUES
Para su defensa, además de sus abogados, la organización Orellana cuenta con la revista «Juez Justo» y la ONG «Unidos Contra el Narcotrafico y el Lavado de Activos» (UCONA), que fundó junto al congresista Heriberto Benítez.
A través de estos organismos, Orellana promueve denuncias contra los que lo investigan, incluyendo la procuradora Julia Príncipe y el director de la UIF, Sergio Espinoza.
CLAVES
Socios. La ONG UCONA tiene como presidente, vicepresidente y secretario a Heriberto Benítez, Benedicto Jiménez y Rodolfo Orellana.
Publicación. La revista Juez Justo tiene como apoderada legal a Ludith Orellana, y como gerente general a Rodolfo Orellana y Benedicto Jiménez.