Los alcaldes distritales y los dirigentes de las comunidades afectadas por las obras del ducto del gas de Camisea II, decidieron juntar esfuerzos y unificar criterios en sus reclamos ante la empresa Perú LNG, referidos a sus derechos ambientales, al pago por el usufructo de las tierras por donde pasa el gasoducto y al pago contemplado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos por derechos de licencia y fábrica.
Fue en el marco de una reunión realizada en la sede del Gobierno Regional de Ayacucho, con la participación de las autoridades distritales y comunales de Acoro, Chiara, Seccelambras, Vinchos, Socos y Accosvinchos, así como de autoridades y funcionarios del gobierno regional.
Inspecciones conjuntas
El alcalde de Chiara, Juan Ayala Bautista, precisó que la unificación de las actividades y la actuación conjunta de todos los distritos por donde pasará el ducto de gas, busca la uniformidad de pago en todas las comunidades afectadas por las obras y una negociación directa con la empresa.
En ese sentido, la autoridad edil anunció que se decidió mantener los conceptos de pago por servidumbre y licencia de construcción; que debe abonar la empresa con un máximo de 600 mil nuevos soles por kilómetro cuadrado, además de un pago fijo individual por los terrenos por donde pasará el ducto.
Precisó que en cumplimiento de otro acuerdo adoptado, hoy se realizará una diligencia en la zona por donde pasará el ducto, con la presencia de un notario y representantes de las comunidades afectadas, con el objetivo de efectuar las mediciones respectivas y poder tener un panorama real de lo que le corresponde a cada distrito.
No a la división
Mientras tanto, la alcaldesa del distrito de Acos Vinchos, Flor Pérez Barreto, reclamó a las autoridades que se mantengan unidas y compartan por igual los pagos que efectúe la empresa, y alertó de una supuesta actitud de querer dividir a la población de Acos Vinchos por parte de la empresa PERÚ LNG.
“La empresa está dividiendo a nuestro distrito y utiliza a la comunidad de Huaychao, ellos hasta hace unos días mantenían una posición unitaria para la negociación, pero en los últimos días han adoptado una posición contraria por parte de sus autoridades y representantes”, advirtió.
La alcaldesa precisó que se encuentran muy avanzadas las coordinaciones con la Municipalidad de Huamanga y el Gobierno Regional para tener una propuesta que uniformice el pago de indemnizaciones a las diferentes comunidades.
Los alcaldes anunciaron que la posición unificada de los distritos y de las comunidades, logró que la empresa reconsidere su inicial actitud reacia al diálogo y accediera a concertar una reunión para renegociar el pago respectivo por el uso de los terrenos para la construcción del gasoducto de Camisea II.
Asimismo, se anunció que Julio Rojas representante de PERÚ-LNG viajará la próxima semana al distrito de Chiara para realizar las inspecciones correspondientes.
«Nosotros vamos a cerrar filas con todas las comunidades y tendremos un planteamiento unificado», resumió por su parte el presidente de la comunidad de Socos en la conferencia de prensa convocada por las diferentes autoridades ediles y presidentes de comunidades de los distritos que se encuentran dentro del camino del segundo ducto del gas de Camisea.
Por otro lado Manuel Ochoa Sotomayor, asesor legal de la Municipalidad Provincial de Huamanga, manifestó que la comuna provincial viene asesorando a los municipios distritales afectados en lo que se refiere a la determinación de las propuestas tributarias.
Precisó que se ha puesto a disposición de cada comuna local el personal especializado en el cobro coactivo a la empresa y en el cumplimiento de las disposiciones distritales, al tiempo que propuso crear una defensoría multidisciplinaria para el tema del Gas de Camisea.
El conflicto de las comunidades y los municipios con la empresa Perù LNG, se inició meses atrás al conocerse que la empresa había realizado un pago único de 70 mil soles a una comunidad, por el usufructo de las tierras para construir el gasoducto de Camisea II, desconociendo el derecho del resto de comunidades cercanas, que desde entonces se movilizaron y realizaron numerosas protestas, en defensa de sus derechos ambientales y el pago por el uso de sus tierras.