Señalando estar libre de toda responsabilidad y alegar que lo ocurrido con la ilegal exoneración de la licitación para la ejecución del proyecto de agua potable y alcantarillado de Tingo María por 85 millones de soles, el alcalde de Leoncio Prado, Pascual Guzmán Alfaro, volvió a culpar a sus regidores de ser los responsables de dicho trámite y que él sólo se limitó a “cumplir el acuerdo de Concejo Municipal”.
Las declaraciones del burgomaestre las brindó paradójicamente a pocos días del inicio del juicio oral en el proceso que se le sigue por los delitos de colusión y omisión de actos funcionales, por los cuales la Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial lo sentencien a 12 años de pena privativa de la libertad, una inhabilitación por cinco años y una reparación civil que todavía no ha sido revelada.
Guzmán dijo además que se siente tranquilo y que los abogados que lo representan han planteado bien el tema pues fueron los regidores los causantes de los hechos materia del proceso judicial. “El alcalde cumple todos los acuerdos del Concejo Municipal y ya que éste es el deliberante, el alcalde únicamente se convierte en un ente ejecutivo”, señaló.
Cabe recordar que el pasado 31 de julio el fiscal anticorrupción Rubén Jara Silva solicitó la prisión para el burgomaestre en su calidad de autor y ocho años de pena privativa de la libertad con cuatro de inhabilitación para los exfuncionarios considerados cómplices primarios: Juan Andrés Robles Cotillo, Alexander Walter Espinoza Mendoza, Roberto Carlos Olivas Flores y Wilder Dávila Calderón.
Esta sanción también fue pedida para Fátima Bernabel Pineda, gerente general de la empresa Ale Contratistas, que se benefició con la ilegal exoneración mientras que para el regidor Aquiles Dávila Sánchez se pidió la pena de cuatro años e igual tiempo de inhabilitación. El 21 de agosto se iniciará el juicio oral en este proceso.