La semana pasada, productores de café organizaron un paro que impidió el tránsito en la Carretera Central durante dos días y dejó como saldo más de veinte heridos. Según los manifestantes, el Estado había permanecido indiferente frente a la crisis por la que atraviesan debido a una plaga, la roya amarilla, que ha devastado más de 55 mil hectáreas de cultivo, unos US$ 330 millones.
El Gobierno, finalmente, atendió las demandas de los cafetaleros -como acostumbra hacer ante este tipo de presiones y se comprometió a financiar dos líneas crediticias a través de un fondo administrado por Agrobanco. La primera serviría para comprar las deudas de los agricultores con entidades financieras del sector privado y la segunda ofrece créditos de ocho años a una tasa de interés de 10% anual pero con un periodo de tres años de gracia.
La pregunta es inevitable: ¿le competen al Estado los problemas causados por la roya amarilla? ¿Debería el Gobierno usar la plata de los contribuyentes para financiar las pérdidas de los cafetaleros?
En términos estrictamente económicos, la respuesta es no. Sin embargo, el café en nuestro país no es un producto cualquiera. El café es clave como producto alternativo a la coca. Por lo tanto, vital en la lucha contra el narcotráfico. Muchas de las políticas de erradicación impulsadas por el Gobierno, por ejemplo, promueven el cultivo de café. Todo lo cual le merece un trato especial.
Desde esta perspectiva, entonces, es entendible el «empujón» que le ha dado el Gobierno al sector cafetalero. No obstante, este «empujón», bajo ninguna circunstancia debe convertirse en un soporte constante. Y es que Agrobanco -o el Banco Agrario, como solía llamarse-tiene un largo historial de transformar préstamos en regalos.
El Gobierno debe ser consciente de que su intromisión genera distorsiones en el mercado. La más importante de ellas es el riesgo moral (‘moral hazard’), un incentivo perverso que alienta a los privados a tomar más riesgos de los que normalmente tomarían porque, al final del día, saben que no son ellos quienes asumirán las pérdidas, además de desincentivar mecanismos de precaución y mitigación.
Por eso es crucial para la sostenibilidad de la industria que el Gobierno haga cumplir al pie de la letra los términos del acuerdo con los cafetaleros. De otra manera, el café en el país sabrá cada vez más amargo.