Los pormenores de la decisión fiscal de archivar una denuncia sobre presunto desvío de insumos químicos destinados al narcotráfico que habría realizado la mimera Comarsa, propiedad de Orlando Sanchez Paredes, son relatados en este informe de la revista Caretas que reproducimos a continuación
Caretas. El Ministerio Público archivó una investigación por presunto desvío de insumos químicos destinados al narcotráfico hecho por la minera Comarsa, de Orlando Sánchez Paredes. Pero resulta que una de las más desconcertadas con la situación es la propia fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, quien el lunes 9 convocó al fiscal José Luis Castillo Espejo para que informe sobre las razones del archivamiento y también a su superior, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cajamarca, Cristóbal Arana Correa.
Castillo no asistió, pues salió de vacaciones el mismo 30 de octubre que archivó la investigación. Echaíz le reclamó entonces a Arana por lo que consideró un incorrecto control sobre el proceso. El Ministerio Público invirtió nada menos que S/.600 mil en los dos años y tres meses que duró la investigación.
Castillo Espejo fue elegido fiscal ad hoc para investigar el origen y destino de 230 toneladas de insumos químicos, mayormente óxido de calcio, decomisados en Cajamarca por un equipo de la Dirandro en marzo del 2007. El atestado policial acusaba a los hermanos Orlando y Amanda Sánchez Paredes, así como a sus familiares directos, de desviar estos insumos químicos para el narcotráfico (CARETAS 1988).
El fiscal declinó trabajar con el equipo designado por el entonces jefe de la entidad antidrogas y actual comandante general de la Policía, Miguel Hidalgo, y en octubre de ese año decidió hacer la investigación solo.
El 30 de octubre Castillo Espejo emitió la Resolución 005-2009 donde archiva la denuncia. Sin embargo, denunció penalmente a la empresa Fortucal, de propiedad de Fortunato Sánchez Sánchez, por comercializar insumos químicos sin autorización.
Para la procuradora Sonia Medina hay indicios de irregularidades y apeló el archivamiento el pasado viernes 13.
La funcionaria señaló a CARETAS que Castillo le comunicaba sobre los peritajes que iba haciendo pero no le daba informes del real avance de su trabajo. Sin embargo, meses atrás el fiscal le dijo a Medina que había encontrado indicios que demostraban el desvío de insumos químicos para tráfico de drogas. Por ello la sorpresa.
El documento elaborado por Castillo tiene 230 páginas con todos los pasos dados desde el decomiso de marzo del 2007. Explica que decidió no trabajar con el comandante Eduardo Núñez de la Dirandro, quien hizo la requisa en Cajamarca, porque considera que su actuación había sido cuestionada. Núñez sostiene que el fiscal simplemente hizo lo que le pidió la defensa de los investigados.
La resolución de Castillo indica que “la pericia oficial contable señala que del análisis de los comprobantes de pago y del registro de compras, a excepción de de los proveedores cuya información no ha sido obtenida, se ha determinado que… los insumos químicos y productos fiscalizados adquiridos por la empresa durante el periodo 2001 a 30 de junio del 2007 fueron utilizados en el procesamiento y obtención de productos auríferos”.
Los especialistas de la Policía se preguntan si es posible hacer una pericia sin la documentación de los proveedores. Además cuestionan que se haya contratado contadores para realizar una investigación de insumos químicos.
Castillo considera que irregularidades como: vales de salidas de producción no registradas, diferencias de saldos mostrados en el libro valorizado y el registro especial de ingresos; enmendaduras localizadas en el registro de descripción, omisión de movimiento de insumos químicos y productos fiscalizados en el registro especial y falta de control entre las guías de remisión versus la facturación de proveedores del insumo químico, son meras faltas administrativas que ya fueron multadas por la Dirección de la Producción de la zona.
Castillo afirma que “la incautación de una sola sustancia (óxido de calcio) en la elaboración de pasta básica de cocaína no constituye prueba que acredite la responsabilidad de los acusados, ya que por sí sola no sirve para tal elaboración sino conjuntamente con otros insumos que no fueron incautados”.
La Policía señala en cambio que además se encontraron sobrantes y faltantes de acetona, ácido nítrico, hipoclorito de sodio y cloruro de amonio.
Pero una segunda investigación sigue en marcha. El Equipo Especial de la Dirandro sigue trabajando bajo el mando del fiscal Jorge Chávez Cotrina para decidir si los 70 investigados, o alguna de las 123 empresas de la familia Sánchez Paredes, lavaron dinero como producto del narcotráfico. El plazo termina el 28 de diciembre.
Sin embargo, no son pocas las dificultades que los investigadores vienen enfrentando en el proceso. El jueves 5, el Equipo Especial de la Dirandro, recibió información de inteligencia que apuntaba a presuntas reuniones entre Fidel Sánchez Alayo y el mayor Eduardo Dávila Llanos, miembro del equipo. El general Teddy Bartra, jefe de la Dirandro lo apartó de la investigación preventivamente y le comunicó su decisión al fiscal Chávez, así como al Director de la Policía, general Miguel Hidalgo, quien aprobó la medida.
Tres días antes Mateo Castañeda Segovia, titular de la Primera Fiscalía Superior contra la Criminalidad Organizada, decidió levantar la reserva, a pedido de la defensa de los Sánchez Paredes, que el fiscal Chávez Cotrina le impuso a la investigación cuando asumió su conducción en abril de este año. “Mis defendidos se apuntaron un triunfo”, dijo uno de los abogados de los investigados.
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