Esta semana concluye la mega investigación por lavado de dinero que se sigue a los miembros de la familia Sánchez Paredes y en ese marco la revista Caretas presenta un detallado informe que reproducimos a continuación que revela además un expediente de la DEA desconocido hasta hoy y que se incluiría en el atestado.
Caretas. Tras 25 meses de compleja investigación, interrogatorios y análisis de por lo menos tres millones de documentos, la megainvestigación a 123 empresas y 67 integrantes de la familia Sánchez Paredes por lavado de dinero culmina este viernes 26.
El voluminoso atestado será entregado por el Equipo Especial de Investigación, EEI, de la Dirección Antidrogas, DIRANDRO, al titular de la Primera Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, al caer la tarde del mismo día.
En el caso participaron 40 de los 50 agentes que conforman el EEI. Se tomaron 67 declaraciones y se efectuaron viajes a México, Estados Unidos y Colombia. La documentación reunida bien podría llenar una habitación completa. “Es la investigación más difícil de mi vida”, comentó uno de los asistentes del fiscal Chávez.
La Ley de Lavado de Activos No 27765 tipifica penas que van de 8 a 25 años de prisión para quienes ocultan o disfrazan el origen de sus bienes o recursos que provienen de actividades ilícitas y establece como delitos precedentes al tráfico de drogas, secuestro, proxenetismo, defraudación tributaria y cualquier otro que genere ganancias ilícitas. El delito precedente, pues, es determinante en pesquisas que buscan probar un desbalance patrimonial por presuntas actividades delictivas.
En este caso, los investigadores reunieron múltiples y viejos atestados policiales (otros se perdieron misteriosamente) que vinculaban a los hermanos Sánchez Paredes con actividades de narcotráfico, principalmente entre 1970 y 1990, pero ninguno de estos casos fue judicializado en el Perú. Entonces volvieron la mirada al extranjero.
La Policía ha recibido de los gobiernos de México y Estados Unidos, a través de los canales oficiales, dos expedientes que comprometen a los Sánchez Paredes con el tráfico ilícito de drogas a escala internacional. Se trata de dos casos judicializados que documentan el delito precedente de narcotráfico en esta megainvestigación.
Uno de ellos lleva el rótulo “Proceso 146/1987”, del Primer Juzgado de Pachuca, Hidalgo, México, y describe los detalles del ahora famoso ‘Rancho Luna’ (CARETAS 2002 Y 2113). El 10 de diciembre de 1987 fue asesinado allí Segundo Simón Sánchez Paredes, el mayor de los seis hermanos. Cuando la Policía llegó al lugar descubrió en el sótano del rancho un bien montado laboratorio de cocaína. Uno de los detenidos fue Fidel Sánchez Alayo, hijo de Manuel Sánchez Paredes y gerente de minera San Simón, quien fue procesado por delitos contra la salud en la modalidad de posesión, manufactura, fabricación, preparación y acondicionamiento de cocaína.
El segundo expediente fue enviado al Perú por el gobierno de los Estados Unidos. Lleva como título ‘Caso N° 87-518-CR-KEHOE’, y fue visto por la Corte Distrital del Distrito Sur de la Florida, que dirigió el juez Kehoe entre 1987 y 1990.
Se trata de una historia desconocida hasta hoy, pero que tiene como personaje preponderante a un narco harto conocido en el Perú: Lucio Tijero Guzmán (64).
Tijero Y La DEA
El 15 de julio de 1987, cinco meses antes del crimen de ‘Rancho Luna’, Tijero fue arrestado con 700 kilos de cocaína en Miami. Un año después, el 7 de enero de 1988, el juez Kehoe lo sentenció a 25 años de cárcel por delito de conspiración de drogas. Abatido, Tijero se acogió al sistema de colaboración con la Drug Enforcement Administration, DEA, la agencia que combate al narcotráfico norteamericano.
Según el expediente remitido al Perú, “Tijero colaboró extaordinariamente con la DEA, el FBI, el USM (United States Marshals Service), la Policía de Dade y el US Buró de Prisioneros”. Lewis R. Perry, agente especial asistente de la DEA en Miami, señaló que Tijero permitió el decomiso de 479 kilogramos de cocaína y el arresto de “cuatro traficantes de drogas peruanos de alto vuelo”, en julio de 1988.
Otro agente, Daniel Anderson, aseguró que “Lucio Tijero Guzmán colaboró con la DEA dando información sobre organizaciones que metían cargamentos de droga a Estados Unidos. Fue entrevistado extensamente y su información probó ser confiable, precisa y corroborada con otras fuentes”. ¿A quiénes tiró dedo Tijero?
De hecho fue su socio quien habló primero. A Tijero le echaron el guante en su casa del sur de Miami. En esos momentos se encontraba acondicionando los 700 kilos de cocaína con su socio y mano derecha, el alemán Rudiger Kohler.
El alemán se acogió a la colaboración eficaz y reveló que la coca de Miami fue “financiada por el peruano Sergio Sánchez Paredes”. Kohler aseguró que la droga había sido enviada desde Perú a Centroamérica y desde allí despachada en una avioneta hasta el aeropuerto de Miami. Interrogado por la DEA, Tijero declaró que ‘Sergio Sánchez’ era el seudónimo de Segundo Sánchez Paredes, el del ‘Rancho Luna’.
Tijero, según el expediente norteamericano, aseguró también que Segundo y sus hermanos Perciles, Manuel y Orlando Sánchez Paredes enviaban droga a Estados Unidos a través de Colombia, Centroamérica y México. Dos de sus enlances, dijo, eran los peruanos Luis Antonio Tafur Mesones, ‘Lucho’, y Jorge Arteaga.
‘Lucho’ fue denunciado por narcotráfico junto a Perciles en 1978, según el expediente policial 104-H-IC-DDCV. Aparece mencionado también en el atestado No 116-DIE junto a Manuel, Orlando y Perciles Sánchez Paredes. En este documento, la Policía indica que “los hermanos Sánchez Paredes traían de Tingo María a Lima droga acondicionada en cargamentos de plátano desde la Carretera Central, kilómetro 51 hasta el garaje ubicado en la calle ‘J’, Mz ‘J’, urbanización Santa Rosa, Ate-Vitarte, donde sacaban sacos de PBC escondidos dentro de la fruta”.
En el mismo atestado policial se indica que “Orlando y Manuel Sánchez cargaban las bolsas de PBC en un automóvil color verde Dodge Polara y las llevaban a un inmueble del jirón Las Magnolias No 210, Santa María, donde eran entregadas a Tomás Castillo Chacón, ‘Pique’, quien se encargaba del secado de la PBC”.
En 1988, Luis Tafur Mesones fue detenido en el aeropuerto de Miami con un cargamento de 300 kilos de coca. Se acogió a la colaboración eficaz y dijo que “la droga les pertenecía a los hermanos Perciles, Manuel y Orlando Sánchez Paredes”.
‘Lucho’ aseguró que, hasta su muerte en México, el cabecilla de la organización era Segundo Simón, quien despachaba cocaína desde México a EE.UU., además de ‘financiar’ otros cargamentos que salían desde el Perú. “Era un duro de duros”, dijo.
Oriundo de Tumbes, Tijero pasó siete y no 25 años en la prisión de Miami gracias a su condición de ‘colaborador’ de la DEA. Regresó al Perú y en 1994 fue capturado en Chacarilla y sentenciado a 35 años de prisión por narcotráfico internacional.
En julio del 2008, Tijero concedió una entrevista grabada a CARETAS en el penal Miguel Castro Castro y reconoció que ‘trabajó’ con Perciles Sánchez. No obstante, meses después, Manuel Sánchez lo denunció por estafa y Tijero se retractó de sus palabras. Para evitar que algo similar vuelva a ocurrir, los investigadores evitaron interrogarlo y esperaron a que la DEA remita su testimonio debidamente corroborado.
La Lupa De Chávez
Ambos expedientes fueron cruciales al momento de la elaboración del atestado final de la megainvestigación. Los investigadores han jalado el hilo de México y Miami al momento de analizar el origen del patrimonio de la familia trujillana.
Orlando y Manuel Sánchez Paredes, dos de los cuatro hermanos vivos, aparecen como los personajes centrales de la pesquisa, aunque el primero es considerado por los investigadores como el de “mayor peso”. Orlando es propietario de Compañía Minera Santa Rosa (Comarsa) y el segundo de otra compañía minera: San Simón.
Comarsa fue constituida en enero de 1992, pero nació de una propiedad comprada por Perciles Sánchez Paredes el 29 de agosto de 1990, es decir, un año antes de que fuera asesinado a tiros en un taller de mecánica en Trujillo. Inicialmente, Comarsa era manejada en conjunto por Orlando y Manuel, pero finalmente el primero se apoderó de la compañía y, años después, Manuel constituyó ‘San Simón’.
La fortuna de los hermanos Sánchez Paredes se multiplicó con el nacimiento de ambas compañías y ahora el ‘Grupo Sánchez Paredes’ posee, además de los yacimientos de oro en Cajamarca y La Libertad, empresas ganaderas, de transporte, hoteles, terrenos en Asia, centros comerciales y propiedades en La Libertad y Lima.
Recientemente, Ganadera San Simón S.A., de Manuel Sánchez, acaba de publicar un ilustrativo catálogo titulado ‘Banco de Semen’, en el que muestran a sus principales vacunos reproductores como “Holstein”, “Brown Swiss” y “Pituco”.
La Ley Orgánica del Ministerio Público (MP) no determina un plazo fijo para que un fiscal emita denuncia o archive un caso, pero fuentes de inteligencia confían en la celeridad de Chávez, quien además está ‘empapado’ en el proceso investigatorio.
Chávez, por cierto, es considerado un fiscal particularmente duro y eficaz. En el 2004 denunció a Vladimiro Montesinos por tráfico de armas a las FARC colombianas y en el 2008 acusó al ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez, por lavado de dinero producto del narcotráfico, luego de una investigación policial que duró ocho meses.
La megainvestigación fue impulsada por el propio Presidente de la República y, ahora, dos años después, la pelota está en la cancha del Ministerio Público.
Retos y Reveses
– El fiscal Jorge Chávez asumió el caso hace un año, cuando su colega Eduardo Castañeda fue sorpresivamente removido por la titular del Ministerio Público.
– El atestado final contiene al menos 1 millón de folios, entre ellos una pericia contable a las empresas de la familia trujillana y los expedientes de México y EE.UU.
– A inicios de mes fueron excluidos de la investigación Orlando, Alfredo, José y Silvia Sánchez Miranda, hijos de Orlando Sánchez Paredes (CARETAS 2115).
– La investigación por presunto desvío de insumos químicos contra la empresa minera Comarsa fue archivada por el fiscal de Cajamarca José Castillo en noviembre pasado.