El Comercio. La alerta llegó el Viernes Santo: pobladores del caserío Mario Rivera (en la provincia de Ramón Castilla) denunciaron ante el comando de la Marina de Guerra en Iquitos que un narcotraficante colombiano, identificado como “Javier”, había incursionado en la zona para —alternando promesas con amenazas y chantajes— inducir a los campesinos del lado peruano a que cultivasen hoja de coca.
Que él luego compraría toda la producción, les explicó. Que la procesaría en su país, les dijo. Que una vez convertida en cocaína la vendería a través de negociantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Que así funciona el negocio, les advirtió. Y que así seguirá funcionando, quieran o no. En las riberas del Putumayo elegir es un lujo.
Según información de Inteligencia de la Marina, “Javier” tendría a 120 hombres a su cargo. Como él, en los últimos años se han detectado a innumerables grupos dedicados no solo al tráfico de drogas.
La región del Putumayo es, en fin, el imperio de la ilegalidad a gran escala. “Aquí tenemos narcotráfico, contrabando de combustible, narcoterrorismo, tráfico de madera, minería informal, etc…”, comenta el vicealmirante Carlos Tejada, jefe de la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía de la Marina de Guerra del Perú .
Lo paradójico es que uno de los pueblos más desarrollados de la ribera del Putumayo suele ser utilizado como punto de descanso o abastecimiento de los traficantes, contrabandistas y hasta subversivos. En El Estrecho conviven militares y policías con pobladores peruanos y colombianos, y la duda se materializa en permanentes cruces de miradas: aquí no hay cómo saber quién es qué.
Punto de (des)encuentro
El Estrecho es la capital del distrito de Putumayo, que pertenece a la provincia de Maynas. Hasta este punto solo se llega por río —desde Iquitos el viaje tarda 20 días— o por aire, en los vuelos cívicos de cada fin de mes. Opera en el lugar un hidroavión privado, pero solo para aquellos que pueden pagar el pasaje.
Uno pisa El Estrecho y lo primero que llama la atención es que los locales más grandes de este pequeño pueblo pertenecen a tres grupos políticos: el Partido Nacionalista, Acción Popular y Fuerza Loretana. Cuentan los pobladores que a veces los mítines se realizan a la misma hora, uno junto al otro.
Además de la distancia, otro problema que soporta este pueblo es la cercanía de las FARC. Si bien las columnas terroristas evitan abrir otro frente con militares peruanos, lo cierto es que los puestos de vigilancia fronterizos resultan apetecibles desde un punto de vista logístico. Y antecedentes hay por montones.
En noviembre del año 2000 la policía de El Estrecho detuvo al colombiano Lurio Magnolio Giduyima Bautista por no portar documentos. La sorpresa llegó cuando se encontró en su poder croquis detallados de varias bases militares y policiales peruanas en la frontera. El propósito de Giduyima era atacar algunas de estas bases en la Navidad de ese año para robar armas y municiones.