Agitación electoral

La República. Aunque el paro de la macrorregión sur fue un fiasco, Ollanta Humala y sus seguidores continuarán blandiendo el tema del gas. No tienen mejor bandera.

El paro del jueves pasado contra la exportación del gas fue efectivo solo en Cusco y Puno.

En Cusco, con un impulso autodestructivo al que ha aludido antes Mirko Lauer, un porcentaje pequeño de la población se impone sistemáticamente sobre la mayoría y paraliza cada vez que se le antoja el tren a Machu Picchu, el principal atractivo turístico del Perú.

Hasta el presidente regional, el izquierdista Hugo Gonzales, suplicó a los revoltosos que no hicieran el paro. Por supuesto, hicieron caso omiso a sus ruegos.

Una bandera rentable

La motivación del paro es convertir el tema de la exportación de gas en una bandera política decisiva para las elecciones. Lo extraordinario del caso es que se trata de una fantasía, de una construcción ideológica y política.

El argumento de que va a faltar gas en el año 2025 o 2030 porque ahora se exporta, no resiste el menor análisis. No solo porque existen reservas suficientes, sino porque sí hay demanda y si el país es estable y atractivo a las inversiones, habrá más exploración y más yacimientos podrán entrar en producción.

Los opositores a la exportación, son en muchos casos los mismos que se opusieron a la exploración de Camisea por “las empresas imperialistas” y lograron paralizar el proyecto por años. Ahora que Camisea está en producción, vuelven a la carga e intentan impedir no solo la exportación, sino las posibilidades de crecimiento del Perú.

A la boliviana

Si el próximo gobierno decidiera actuar como Evo Morales en Bolivia y pateara el tablero, las consecuencias serían catastróficas para el país.

No se puede decir alegremente durante años que el Perú es un lugar propicio para las inversiones y enorgullecerse de una de ellas de 3,800 millones de dólares y después decir: “saben, ya no quiero que exporten, pierdan sus 3,800 millones y váyanse”.

El Perú volvería a la situación que se vivió durante el primer gobierno de Alan García, aislado internacionalmente y con las consecuencias de hiperinflación y empobrecimiento que ya sufrimos.

La ilusión del gasoducto

En el sur, los opositores a la exportación la han vinculado a una nueva demanda, la construcción de un gasoducto, que supuestamente no se puede hacer porque el gas no alcanza. Eso es falso también.

El problema del gasoducto del sur es la escasez de demanda. El gasoducto es muy caro y su construcción solo se justificaría si existieran suficientes compradores. Ahora no los hay.

Pero el gasoducto sería rentable si una parte del gas se vendiera a Chile, país que lo necesita con apremio. Ahora Chile importa gas de Nigeria.

Pero precisamente una de las banderas de los izquierdistas, que hace tiempo abandonaron el internacionalismo marxista y se han afiliado sin problemas al nacionalismo de raigambre fascista, se oponen ferozmente a la exportación a Chile.

Los europeos tuvieron dos guerras devastadoras recientemente, en el siglo XX, con decenas de millones de muertos y países destruidos. Y una guerra fría que acaba de terminar. Hoy día Rusia vende gas a sus antiguos enemigos. Y nadie se rasga las vestiduras.

Aquí eso es impensable. Así es que el gasoducto del sur probablemente va a esperar bastante, no porque falte gas, sino porque no es rentable hacerlo si no hay mercado.

Juegan solos

¿Por qué ideas fantasiosas y equivocadas como las referentes a la exportación y el gasoducto del sur tienen tanta difusión? Porque sus promotores juegan prácticamente solos en la cancha. Dicen lo que quieren y nadie los refuta. En el sur repiten las mismas falsedades una y mil veces, y parte de la población termina por creerles.

Los políticos de diversas tendencias tienen miedo a perder votos y se quedan callados o, por puro oportunismo, se suben al carro.

Peor todavía, el Congreso ha aprobado una ley –todavía no promulgada– que otorga derecho a veto a los “pueblos indígenas u originarios” vagamente definidos. Si esa ley entra en vigencia, significaría un golpe demoledor para la exploración y explotación de hidrocarburos. Y para la minería, que ha sido el motor del extraordinario crecimiento de los últimos lustros.

El antropólogo del IEP Jürgen Golte ha criticado agudamente esa ley porque “el Convenio 169 de la OIT quiere proteger a minorías étnicas que no están completamente integradas a los Estados. La población de la sierra, de las comunidades campesinas, está completamente integrada al Estado”, y porque la OIT “dice que sí debe haber una negociación entre los pueblos y el Estado, pero es el Estado el que ejerce el derecho y la autoridad”. (La Hora N, 8.6.10).

El gobierno debería observar la ley.