Las organizaciones de afectados y desplazados por la violencia política de Ayacucho marcharon hoy por las principales calles de la ciudad y exigieron al Gobierno Central reparaciones individuales dignas.
Además, solicitaron la nulidad del Decreto Supremo Nº 051-2011, del Programa de Reparaciones Económicas para Víctimas de la Violencia, porque consideran que sus disposiciones son discriminatorias y lesivas a la dignidad de los familiares de las víctimas del conflicto armado interno.
“Exigimos la nulidad del Decreto de Urgencia 051-2011 porque sus disposiciones son una ofensa para las familias que perdieron a sus padres, hijos y hermanos durante el conflicto interno. No pedimos limosnas, queremos una reparación digna”, manifestó Gloria Huamaní, presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Violencia Política de Ayacucho.
Indicó que las organizaciones de afectados por la violencia, a nivel nacional, no fueron consultadas ni convocadas para socializar las acciones de reparaciones individuales por el Gobierno Central, considerándolo una disposición arbitraria y no democrática.
Asimismo, la Coordinadora Regional de Afectados por la Violencia Política (CORAVIP) de Ayacucho, exigió justicia para los familiares de quiénes fueron víctimas de desapariciones forzosas y torturas.
“Es necesario agilizar los procesos judiciales y sancionar ejemplarmente a los responsables”.
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