Organizaciones que integran el Observatorio de minería ilegal y actividades vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad divulgaron un pronunciamiento donde se demanda a las autoridades nacionales, y a la sociedad en general, a no dar espacio a las iniciativas tendientes a facilitar y extender la práctica de la minería ilegal en el país.
El pronunciamiento alerta sobre recientes iniciativas tendientes a ampliar el plazo del proceso de formalización que involucra al Ministerio de Energía y Minas y a representantes mineros de las regiones La Libertad, Arequipa, Huánuco e Ica. Se cita Acta suscrita el 13 de noviembre pasado. Esto estaría alineado, se sostiene, con el Proyecto de Ley 688/2021-CR que busca extender el plazo de inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 2024.
Por lo expuesto, las organizaciones que suscribieron el pronunciamiento demandan:
1. Al Presidente de la República y a la Presidenta del Consejo de Ministros, asegurar los compromisos políticos planteados durante el discurso de investidura “de emprender un proceso de lucha contra la minería ilegal” sea estrictamente cumplido por todos los funcionarios de los diversos ministerios, principalmente del Ministerio de Energía y Minas.
2. Al Congreso de la República, mantenerse alerta ante intentos de facilitar la realización de la minería ilegal, disfrazada de minería informal, que buscan la aprobación de este tipo de leyes, con excusas de que los procesos de formalización no dieron resultados, y que se requiere reactivar la economía; ello a costa de la destrucción y contaminación como se han visto a lo largo de todos estos años en diversas regiones del país.
3. A la Contraloría General de la República, emprender un proceso de control inmediato y fiscalizador por presuntas actividades y/o negociaciones que pueden lindar con estos hechos cuestionables, y que no corresponden al rol de las autoridades del Ministerio de Energía y Minas.
4. A la sociedad en general, instamos a estar atentos a los numerosos conflictos de intereses, que hoy en día están presentes en diversos sectores donde se regula o pretende facilitar la realización de este tipo de actividades, que van en contra del bien común, como la minería ilegal a nivel nacional.
Las organizaciones que firmaron el pronunciamiento son:
– Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
– Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO)
– Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico – CEDIA
– Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
– Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental San Martín –Moyobamba
– Comité de Gestión del Área de Conservación Regional Maijuna Kichwa
– Comité de Gestión del Área de Conservación Regional Akti Nanay Pintuyacu Chambira
– Comité de Gestión de la Reserva Nacional Pacaya Samiria
– Comité del Agua de Iquitos
– Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
– Derechos Humanos sin Fronteras – DHSF
– Environmental Investigation Agency (EIA – Agencia de Investigación Ambiental)
– Federación de Comunidades Nativas Maijuna (FECONAMAI)
– Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo Curavay Arabela (FECONAMNCUA)
– Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
– Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES)
– Instituto del Bien Común
– Instituto Chaikuni
– Instituto de Defensa Legal – IDL
– Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales
– Nature Services Perú
– Naturaleza y Cultural Internacional
– Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO
– One Planet
– Proética – Capitulo peruano de Transparencia Internacional
– Servicios Educativos, Promoción y Apoyo Rural (SEPAR)
– Sociedad Zoológica de Fráncfort (FZS)
– Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)
– Yunkawasi
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