Congresistas y comisionados de organismos defensores de los derechos humanos coincidieron al advertir que hubo uso arbitrario de la fuerza en la movilización social efectuada entre el 10 a 16 de noviembre último que tuvo como consecuencia a dos víctimas mortales. Así lo hicieron saber en la sesión virtual de la Comisión de la Mujer realizada hoy lunes y en la que participó el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Carlos León Romero, para dar detalles respecto a la actuación policial desarrollada en la última movilización social.
Tras lamentar los decesos y rechazar los actos violentos en contra de los manifestantes que generaron decenas de heridos, algunos de ellos con problemas de salud irreversibles, la congresista Rocío Silva Santisteban (FA) consideró oportuno que se haga una reforma al uso de la fuerza. Respecto de los decesos de Brayan Pintado e Inti Sotelo, la legisladora dijo que ambos recibieron proyectiles de armas de fuego, que son perdigones de plomo que no debieron usarse para repeler una movilización de jóvenes que ejercían su derecho a la protesta.
Esa preocupación también fue compartida por la congresista Carolina Lizárraga (PM), presidenta de dicha comisión, quien calificó como un hecho sumamente grave que se haya registrado heridos por impacto de perdigones similares a una canica y preguntó al viceministro si es posible el uso escopetas para lanzar proyectiles que no son de goma. Al respecto, el viceministro dijo que no se debió usar perdigones de plomo y eso se está investigando de manera particular.
“El uso de canicas es materia de investigación para determinar si han sido empleadas por efectivos de la Policía Nacional. Se están haciendo los peritajes. Para saber si las escopetas que percutan cartuchos de perdigones de jebe se pude incluir canicas, eso está en investigación”, dijo el funcionario, en tanto no descartó que “podría darse el caso que se hayan usado otro tipo de armas para el lanzamiento de canicas”.
León Romero aseguró que todas las denuncias sobre presunto abuso policial han sido derivadas al Ministerio Público, como titular de la acción penal, y se ha prestado total colaboración. “Hay derecho a la protesta, pero de ahí a la violencia, eso no se puede dar. Las protestas tienen que ser pacíficas y no violentar el derecho de las personas”, agregó. Carolina Lizárraga también expresó su preocupación por el uso de gases lacrimógenos que afectaron a los vecinos vulnerables (niños y ancianos) de las zonas donde se produjo los enfrentamientos con las fuerzas del orden y el impacto directo a los manifestantes que generan lesiones físicas.
A su turno, la congresista Arlette Contreras (NoA) expresó su preocupación por la detención de menores de edad en dependencias policiales y por el maltrato denunciado por mujeres. Se refirió al caso de Adriana Espíritu Enríquez y su hermana menor de edad (A. L. A. E.) detenidas el 10 de noviembre cuando retornaban a su domicilio. A Adriana le hicieron desnudarse para revisión de cavidades “Rechazamos el trato que se ha dado a estas hermanas y es materia de investigación este hecho en particular y también se está haciendo las investigaciones administrativas”, dijo el viceministro.
En la sesión también fue cuestionada la participación de agentes policiales del grupo Terna durante la movilización. “El equipo Terna no tendría por qué haber participado en este caso, porque ellos tienen otra función que es combatir la microcomercialización y la delincuencia callejera.
Graves violaciones a los Derechos Humanos
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jorge Bracamonte Allain, dijo que en la movilización nacional se produjeron graves violaciones a los derechos humanos, situación evidenciada por la presencia de cuatro misiones internacionales de derechos humanos: la misión de la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, la visita de la OEA, la de Human Rights y la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Dijo que las graves violaciones a los derechos humanos giraron en torno a ejecuciones extrajudiciales de civiles y uso arbitrario fuerza, presencia de agentes encubiertos en las manifestaciones, ataques a periodistas que cumplían su labor informativa y ataque a la libertad personal y violación sexual.
“Lo que se ha visto es solo la punta del iceberg de un tema de protesta social. Lamento que las cámaras de la Municipalidad de Lima no hayan estado registrando los hechos. Se ha registrado 164 muertes de civiles a manos del Estado peruano, a eso nosotros le llamamos ejecuciones extrajudiciales de civiles y eso nos parece un hecho grave”, dijo Bracamonte.
Recomendó la revisión de la legislación sobre el uso debido de la fuerza, como el uso de proyectiles. “Lo que se ha detectado es que no ese está usando el debido, que debe ser el de goma”, agregó al tiempo de considerar que “hay responsabilidad directa de Merino, de Flores Araoz y del ministro del Interior, además de altos miembros de las fuerzas policiales”, concluyó.