Las reservas territoriales que posee el Estado para garantizar la vida de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en contacto inicial no son protegidas de manera efectiva, informó la Defensoría del Pueblo en base a los resultados de la supervisión realizada a la gestión del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA).
Iván Lanegra, adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, explicó que la falta de capacidad técnica, presupuestal y logística del INDEPA, y los continuos procesos de reorganización debilitan la organización.
Estimó que ello influye también de forma negativa en la implementación de los mecanismos de protección.
“Durante los últimos tres años, la Comisión Multisectorial para la Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial del Poder Ejecutivo, no cumplió con adecuar las reservas territoriales indígenas Isconahua, Murunahua, Mashco Piro de Madre de Dios. Tampoco de Mashco Piro de Ucayali y Kugapakori, Nahua y Nanti” indicó.
Impactos de actividades extractivas
Por su parte, Alicia Abanto, jefa del Programa de Pueblos Indígenas, indicó que durante los últimos cinco años, el Poder Ejecutivo no ha logrado establecer medidas normativas y administrativas que busquen evitar los impactos negativos de las actividades extractivas en la vida, integridad y territorio de los pueblos indígenas.
Del mismo modo, recordó la importancia de que las autoridades gubernamentales establezcan reglas estrictas a los actores estatales y privados que requieren ingresar a las áreas reservadas para los pueblos indígenas en aislamiento.
“No es posible que se realicen proyectos de inversión al interior de las reservas territoriales”, reiteró la funcionaria.
No a la Tala ilegal
Asimismo, recomendó que cualquier norma o decisión administrativa que se prevea adoptar en el Ministerio de Cultura y que pudiese afectar a los pueblos indígenas, cumpla con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.
Precisó que la transparencia y los mecanismos de participación y consulta son fundamentales para asegurar el interés y la protección de los derechos fundamentales.
Abanto expresó su preocupación respecto de las actividades de tala ilegal en las reservas territoriales Murunahua, Isconahua y Madre de Dios, que no han merecido una intervención sostenida y efectiva por parte del Ministerio Público, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura.
“Los derechos a la vida, salud e integridad de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial deben ser una prioridad del próximo gobierno por tratarse de un derecho constitucional. Además, el Estado tiene la obligación de respetarlos y protegerlos”, reiteró la representante de la Defensoría del Pueblo.
Como se sabe, el INDEPA es responsable de conducir, implementar y supervisar el régimen especial de protección de los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en contacto inicial. Estas poblaciones son altamente vulnerables cuando entran en contacto con otros grupos humanos sin las medidas de prevención adecuadas.