En el sector energético del Estado existe un gran desconocimiento sobre sus funciones de transparencia y acceso a la información, reveló un informe de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
El informe advierte además que la débil institucionalidad y las actuales políticas públicas asociadas al sector energía no aseguran que las decisiones gubernamentales sean estratégicas y que estén promoviendo la seguridad y soberanía energética de nuestro país.
El diagnóstico es producto de la evaluación de 16 instituciones públicas vinculadas al sector energía y se constituye en la primera investigación sobre el cumplimiento de la transparencia y ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública a la luz de la ley y los principios de la gobernanza realizada en el sector energético, informó DAR a INFOREGIÓN.
Los resultados de esta investigación fueron presentados el martes 17 de diciembre. Aída Gamboa, autora de la investigación, señaló que “para la promoción de múltiples proyectos energéticos se hace necesario aplicar mecanismos de transparencia que permitan que los ciudadanos reciban información clara, precisa, culturalmente comprensible y oportuna para que ello ayude a prevenir conflictos sociales”.
Según el informe, se puede observar no solo el grado de cumplimiento e implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la información por parte de las instituciones evaluadas, sino también los retos para la mejora de la transparencia y el ejercicio de derechos a fin de alcanzar una óptima gobernanza energética.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Al comentar este informe, el adjunto para los Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Fernando Castañeda, enfatizó que en este caso del sector energético hemos pasado de la cultura del secreto a la afectación del ciudadano en su dignidad o la cultura del silencio, dado que muchas instituciones no responden los pedidos de información que la población envía, y que es necesario implementar mecanismos de transparencia principalmente en las zonas donde hay pobreza.
Asimismo, Castañeda señaló que es necesaria la creación de una Comisión de Información que supervise que se cumpla el derecho y fortalezca la institucionalidad para contar con criterios uniformes de implementación de la Ley que aseguren predictibilidad. También anunció que la Defensoría del Pueblo ha elaborado con apoyo del Banco Mundial una propuesta para crear una Autoridad Autónoma de Transparencia para tener información oportuna y comprensible, que se espera sea aprobada en breve.
Otro de los hallazgos de este estudio es que las instituciones evaluadas no cuentan con mecanismos de acceso a la información que consideren las diversas lenguas, intereses, acceso a tecnología y medios de comunicación que tienen los peruanos de distintos lugares del país, lo cual dificulta el acceso a este derecho.
Al respecto, Epifanio Baca, Responsable del Área de Atención Ciudadana del Grupo Propuesta Ciudadana, resaltó que los mayores avances en materia de transparencia se manifiestan en la mejora de los portales web, que en la mayoría de casos se deben a la gran demanda de información de la sociedad civil; y que teniendo en cuenta que en el sector Energía los mayores afectados tienen grandes limitaciones para comunicarse con las instituciones públicas y se encuentran en zonas alejadas, un gran desafío es la capacitación a dirigentes, líderes y organizaciones locales.
Por su parte, Pedro Gamio, de la Plataforma Latinoamericana de Energía Sostenible y Equidad – PLESE, indicó que falta un planeamiento estratégico en temas de energía y que se requiere empoderar al ciudadano a través de la transparencia para contribuir con la mejora de la institucionalidad. También señaló que se debe entrar a un proceso de reforma estructural del Estado para una gestión predecible. Asimismo enfatizó en la necesidad de tomar decisiones sobre la base de un planeamiento estratégico en el sector energía.
Finalmente, César Gamboa, director ejecutivo de DAR, sostuvo que es vital asegurar el ejercicio de derechos como la transparencia y acceso a la información pública para generar un adecuado contexto a las inversiones, pues ello fortalece la institucionalidad estatal en su actuación y en el cumplimiento del Estado de Derecho, y fortalece la confianza de la ciudadanía e inversionistas en el país, además de minimizar la conflictividad social.