Los cinco días del paro agrario –que culminó el viernes y dejó al menos un fallecido– marcaron la reanudación de la conflictividad social en el país, que había permanecido relativamente inactiva en los últimos meses a causa de la pandemia del coronavirus.
La derogación de la Ley de Promoción Agraria puso fin a esta controversia. Ayer, el presidente de la República, Francisco Sagasti, adelantó que desde el Poder Ejecutivo se presentarán propuestas sobre el régimen laboral para la nueva norma que elaborará el Congreso.
Sin embargo, el clima de tensión aún permanece vigente en otras zonas del país. Un estudio elaborado por la Defensoría del Pueblo, al que tuvo acceso este Diario, señala que hay cinco casos adicionales que requieren “urgente atención” de las autoridades. Todos están relacionados a temas socioambientales.
Según ese organismo, se trata de casos que se encuentran activos y en los que no habría avances significativos en el proceso de diálogo, lo cual podría ocasionar la adopción de medidas de fuerza.
Tensión en Las Bambas
Uno de los más importantes está relacionado con la mina Las Bambas, en Apurímac. La federación campesina del distrito de Challhuahuacho exige la presencia de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y demanda el cumplimiento del Decreto Supremo 005-2016-PCM, que prioriza el desarrollo económico y social de esta localidad.
Asimismo, reclama la asignación del canon minero del 2021 desde el primer mes y, al mismo tiempo, la instalación de una Asamblea Constituyente. A fines de noviembre, se inició un paro en el lugar. La PCM ha enviado al alcalde de Challhuahuacho una comunicación para que un comité técnico se reúna en el lugar el 11 de diciembre; sin embargo, aún no ha recibido respuesta.
En julio, se registraron tensiones en el corredor minero, a la altura de Espinar, en Cusco. Los moradores exigían un bono de S/1.000 a cada adulto elector debido a la crisis económica del COVID-19.
Otros casos
En el distrito de Coata (Puno), las autoridades y dirigentes de la cuenca del río del mismo nombre solicitan la conformación de una comisión de salud respecto a la presencia de metales pesados en las personas. Dirigentes anuncian que el 9 de diciembre se retomarían las acciones de protesta. Hasta el momento no hay diálogo entre las partes.
En Pasco, 34 familias del distrito de Simón Bolívar demandan atención de salud frente a la contaminación producida por la presencia de pasivos mineros.
Una situación similar se denuncia en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión (La Libertad), donde dirigentes del centro poblado de Shiracmaca denuncian que las actividades de la empresa minera Suma Gold Corporation ocasionan contaminación ambiental y afectan el abastecimiento de agua en la zona.
En Loreto, las organizaciones indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes, Chambira y Marañón solicitan crear un fondo de fideicomiso para la gestión del presupuesto del plan de cierre de brechas. A fines de octubre, se anunció la reanudación de protestas, pero fueron suspendidas debido a la crisis política.
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