Las organizaciones internacionales ambientalistas Earthjustice, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y Public Citizen así como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, cuestionaron la rebeldía del Grupo Renco y de su matriz, la empresa Doe Run Perú (DRP), en el cumplimiento de la descontaminación de La Oroya.
A través de un pronunciamiento público, estas organizaciones acusaron a ambas empresas de estar empleando diversas tácticas legales y políticas “fundamentalmente mediante una demanda de arbitraje internacional comercial contra el Estado de Perú” para seguir operando sin haber cumplido su compromiso de proteger el medio ambiente y la salud de la población.
Como se recuerda, en el 2011, el grupo Renco, al cual pertenece Doe Run, presentó una demanda en contra el Perú ante un tribunal internacional por $800 millones de dólares argumentando supuestos incumplimientos del país.
Las organizaciones internacionales advirtieron que, incluso si el Estado le otorgara a DRP otra extensión del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), la responsabilidad de los reclamos en el caso del arbitraje contra el Estado permanecerá, porque la demanda de arbitraje del Grupo Renco abarca más elementos que la extensión del PAMA contemplada la propuesta de ley.
Asimismo, estas instituciones se mostraron sorprendidas que el Congreso vaya a debatir una norma para la ampliación de los plazos a la empresa para que pueda cumplir su PAMA, favoreciéndola por tercera vez y sin la voluntad de cumplir con el medio ambiente.
Otra de las razones de la posición de las organizaciones es que dicha empresa estaría usando el arbitraje internacional para aislarse de penalidades en el caso de la demanda en la Corte de Missouri (Estados Unidos), donde actualmente existe una acción legal de varios niños contra Doe Run Perú por afectar severamente su salud por la contaminación de la fundición.
Además, sugiere que el Congreso debería mantenerse firme en que el Grupo Renco desista de continuar de la demanda de arbitraje internacional, que asuma su responsabilidad con la contaminación proveniente de la fundición y que cumpla con la totalidad de sus compromisos del PAMA antes que reinicie sus operaciones.