«Yo los invito a leer el contenido del Acuerdo de Escazú al cual puede acceder cualquier persona a través de los buscadores de Internet, y así pueda descargar el texto y darle una leída integral. Se ratifica el acuerdo en la soberanía que tienen los estados en sus recursos naturales, y por otro lado, no es que haya un órgano supranacional (…) pues el máximo organismo que administra este convenio es la Conferencia de las partes, que es la reunión de todos los países que comparten este acuerdo».
Así se expresó César Ipenza, abogado especializado en tema medioambiental, quien resaltó la importancia de que el Parlamento peruano ratifique el Acuerdo de Escazú; además de responder a quienes se han pronunciado en contra de esa medida. «Me llama profundamente la atención que gente empiece usar argumentos totalmente falsos con tal de bloquear un instrumento que a todas luces permite que la gente pueda tener acceso a la información», hecho palpable en la pandemia pues necesitamos información pertinente para tomar decisiones. «El Acuerdo de Escazú fundamentalmente aborda eso, la necesidad que todos los ciudadanos accedan a la información ambiental», sentenció.
«A su vez hace un esfuerzo para poder vivir en un estado más democrático» y el Acuerdo de Escazú es basicamente conocido por eso, «por ser un acuerdo por la democracia ambiental», consideró. Ipenza citó que ese acceso a la información es fundamental para evitar que, por ejemplo, se pretenda usar el argumento falso de que se busque bloquear la inversión. Agregó que, ademas, permite que todos participemos planteando interrogantes para que el Estado pueda responder de manera más pertinente.
Recordó que el acuerdo también aborda la justicia ambiental, no solo en temas penales o judiciales, sino facilitando que autoridades como OEFA, ANA, Osinfor o Serfor puedan tener procedimientos adecuados para que la gente pueda escuchar y cumplir la reclamación que se tiene en torno a determinadas acciones, así como la posibilidad de recurrir a órganos judiciales cuando haya afectación al ambiente. Sobre los defensores ambientales, el acuerdo impulsa que el Estado pueda generar mecanismos para poder proteger la vida de estas personas, muchas veces amenazadas de distintas maneras, aún en tiempos de pandemia, citó.
Ipenza resaltó que el Acuerdo de Escazú es un tema trabajado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso toda vez que todos los órganos autónomos (Poder Judicial, Fiscalía-Ministerio Público), así como el Ejecutivo le dieron su aprobación el año pasado remitiéndolo al Congreso para su ratificación. Destacó que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso ha recogido opiniones de varios expertos que también se expresaron en ese sentido.
Cuando se dice que se va a internacionalizar la Amazonía, eso es una «tremenda falsedad», expresó Ipenza. Consideró que se trata de argumentos usados por quienes nunca se han interesado en proteger el patrimonio de todos los peruanos: la Amazonía. «Yo les pediría que lean el artículo tres del Acuerdo de Escazú, que son los principios, en el inciso «i» habla sobre la soberanía de los estados sobre sus recursos naturales. Su texto desarma cualquier argumento en su contra», aclaró.
Resaltó que para que entre en vigencia el Acuerdo de Escazú se requiere de 11 países y no de 22 como algunas voces han señalado. Actualmente el documento ha sido ratificado por nueve países de América Latina y el Caribe, que es el área que comprende el alcance de esta herramienta. «Yo creo que en las próximas semanas vamos a tener más países que vayan a ratificar este acuerdo, para que lo hagan plenamente vigente», dijo a INFOREGIÓN.
Para leer el Acuerdo de Escazú haga click aquí