Franklin Sánchez, presidente de la Comisión Agraria del Congreso de la República, aclaró que la norma de reforestación busca implementar una política de explotación forestal en zonas que han sido degradadas mediante la concesión de terrenos y no por la venta de los mismos.
“Tenemos 70 millones de hectáreas de bosque y no se trata de vender nuestros bosques sino de trabajar por la reforestación de la zona perdida y degradada que están en libre disposición”, dijo a Andina y agregó que el anteproyecto tiene el consenso de todas las bancadas políticas.
Ratificó que el anteproyecto de ley no tiene pretende expropiar o vender terrenos de la amazonía y que ésta no puede denominarse la “Ley de la Selva” porque su alcance es a nivel nacional y no sólo para un sector del país.
El parlamentario precisó que la propuesta incluye tres disposiciones de garantía. La primera considera que el proceso de concesión no alcanzará o vulnerará los derechos reales de las comunidades campesinas que ocupen territorio sin titulo de propiedad.
La segunda, dijo, establece la prohibición de la venta de terrenos y promueve la concesión de los mismos, y la tercera otorga la facultad a los presidentes regionales de supervisar el proceso de inversión privada y se establece que no se podrá adjudicar ni entregar en concesión las tierras deforestadas sin antes hacer un catastro regional.