Desde el 2012, el Ejecutivo promueve normas para incentivar la inversión que afectan derechos en materia de educación, salud, trabajo y medio ambiente, sin debates y procesos de toma de decisiones transparentes.
El Proyecto de Ley N° 3627/2013-PE para “dinamizar la inversión”, aprobado por la Comisión Permanente del Congreso con mínimas modificaciones y solo 11 votos, al reducir el plazo para evaluar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a 45 días, transgrede el derecho a la participación. ¿Cuándo la población conocerá las implicancias de los proyectos de inversión? La legislación vigente establece plazos para procesos de participación ciudadana (talleres, audiencias públicas) que con esta norma quedan al aire.
Además, prohíbe al funcionario solicitar nuevas observaciones al EIA, alegando una falta administrativa y una barrera burocrática ilegal sancionable por INDECOPI. Se protege a la inversión antes que a los funcionarios quienes evalúan técnicamente el EIA y que difícilmente en 45 días harán posible la aprobación de óptimos proyectos de inversión.
Asimismo, instaura el Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión del MEF y sanciona administrativamente al funcionario que incumpla con enviar información sobre los avances de estas medidas, esto último supervisado por la Contraloría General de la República. El Ejecutivo se apresuró en formalizar este equipo, pero poco avanza en constituir organismos que fortalezcan la gobernanza en el país, como la Autoridad Nacional de Transparencia cuyo proyecto de ley gestado el 2013 se encuentra estancado en la PCM.
Esta ley, con injerencia en varios sectores, debió contener un amplio análisis, fundamentos técnicos y ser discutida entre diversos actores. La nula difusión a los ciudadanos de medidas que los afectan directamente, contraviene el principio de publicidad máxima, vulnera derechos de acceso a la información y participación, consagrados en la Constitución, la Ley de Transparencia y normas de participación en temas ambientales y de energía. Aprobar políticas y normas sin respetar derechos fundamentales debilita la legitimidad estatal, la confianza ciudadana hacia las autoridades e incrementa la conflictividad social.