Luego de cinco años, ocho meses y 11 días, la sala de apelaciones y liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho determinó absolver al suboficial Carlos Alberto Rodríguez Huamaní por el delito contra la vida el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado en agravio de Emiliano García Mendoza y Rubén Pariona Camposano.
A esta decisión se suma el indulto a Teodoro Félix Quispe Mitacc, por el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de disturbios en agravio del Estado y dispusieron el archivamiento definitivo de la causa, por el caso Suso, el controversial hecho sucedido en un paro de la Junta de Regantes de Ayacucho.
Como se recuerda, los hechos sucedieron el pasado 19 de febrero de 2008, tras registrarse un paro agrario convocado por la Junta de Regantes del Perú, fecha en que fallecieron dos pobladores de la comunidad de Suso, distrito de Quinua, a la altura del Grifo Ayacucho.
El dictamen y decisión de parte del juzgado se basó en los insuficientes elementos de prueba que acrediten de manera clara e indubitable la responsabilidad de los dos acusados, por lo que a falta de estos elementos se procedió a su absolución.
EN CONTRA
Para el abogado Henry Mercado, quien siguió paso a paso este proceso en los últimos meses, la decisión de parte de la Sala de Apelaciones y Liquidadora era de esperarse por todo la situación en la que se presentó todo el proceso desde su inicio, además de la actuación de los responsables del sistema judicial, principalmente la Policía y el Ministerio Público.
“Debo señalar que ambos (la Policía y la Fiscalía) actuaron de forma muy cuestionada, desde el levantamiento del cadáver no se estableció la posición de los cuerpos, las pericias balísticas no se hicieron adecuadamente y los profesionales forenses no tuvieron elementos objetivos para juzgar los hechos”, manifestó Mercado.
Así insistió que los peritajes para determinar la necropsia, que se realizaron en la ciudad de Lima, solamente contaron con el envío de fotografías, cuando debió haberse hecho pruebas con las balas que le ocasionaron la muerte a ambos comuneros.
Otra de las deficiencias de la Fiscalía fue el de tomar en cuenta las opiniones y testimonios de los efectivos policiales que estuvieron en ese lugar, siendo una opinión subjetiva desde su inicio, al tener la posición de toda la Dirección Policial Territorial de Ayacucho en defensa irrestricta del suboficial acusado por el asesinato.
«A esto se suma que el proceso del caso Suso tuvo hasta tres momentos en que se cambiaron a los fiscales y magistrados para poder asumir el caso desde el inicio, “hemos tenido a un primer fiscal que asumió la denuncia, sin embargo este le ha delegada a otro, ocurriendo este mismo hecho hasta en dos oportunidades, igual situación ha sido en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho”, argumentó.
También se debe tener en cuenta que un suboficial que, en su momento, declaró ver al acusado Carlos Alberto Rodríguez Huamaní con un arma de fuego y haber disparado no rindió su declaración ante las instancias de investigación judicial por problemas de salud y posterior muerte, totalmente desvinculadas al caso.
“Esta decisión hace ver al poder judicial y a todo el sistema judicial como un ente que acepta la impunidad, eso es lo indignante”, finalizó Henry Mercado. (Cortesía Jornada de Ayacucho)