En las vísperas de Semana Santa, el Ministerio Público enterró una lanza en el costado de la lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico.
El viernes 30, la fiscal adjunta superior María Maguiña Torres dictaminó que no hay pruebas para acusar a los hermanos Orlando, Manuel y Fortunato Sánchez Paredes, así como a Fidel Sánchez Alayo, Blanca Sánchez Príncipe y Belisario Esteves Ostolaza por el delito de lavado de dinero procedente del tráfico de drogas.
Para la fiscal Maguiña, no hay mérito alguno para iniciar juicio oral a los Sánchez Paredes y concluye que el más grande caso de lavado de dinero de la historia peruana debería ser archivado por la Sala Penal Nacional.
Un caso importante y simbólico, cuya resolución debería ser patrocinada por el propio Presidente de la República, se encuentra a punto de hundirse.
Aquí y en la China hay sectores de la Fiscalía susceptibles de hacerle eco al poder político. Y en Palacio de Gobierno trabaja como asesor presidencial en materias legales Eduardo Roy Gates, ex abogado de Manuel Sánchez Paredes. Y su padre sigue siendo uno de los abogados principales del clan norteño.
La vinculación acrecienta el escándalo por la decisión de Maguiña, que necesitó solo 15 días para resolver un expediente de un millón de folios y borró de un plumazo cuatro años de investigación del propio Ministerio Público.
LA RUTA DEL EXPEDIENTE
La ‘megainvestigación’ arrancó en enero de 2008 con una inusual conferencia del ex presidente Alan García en Palacio de Gobierno. Potentados del norte, los Sánchez Paredes deben haber hecho contribuciones a muchas candidaturas, incluyendo las apristas. Hacia 2007 su presencia fue adquiriendo una impronta más arrogante, sobre todo a través de la segunda generación, y alguna sugerencia de extorsión llegó a Palacio. Fue allí cuando el ex Presidente decidió identificar a los miembros principales del clan.
El fiscal Jorge Chávez Cotrina y un numeroso grupo de policías del Equipo Especial de Investigación de la Dirandro, bajo el mando del general PNP Carlos Morán, iniciaron las investigaciones a 77 miembros del clan trujillano y a 124 empresas del grupo. En el camino fueron separando la paja del trigo y, en marzo de 2010, tras 2 años de pesquisas, el fiscal Chávez interpuso denuncia penal contra 7 personas y 10 empresas por lavado de activos del narcotráfico (CARETAS 2122). La lista inicial se redujo significativamente, lo que reflejaba un trabajo minucioso e independiente.
El voluminoso expediente pasó al despacho del juez supraprovincial Omar Pimentel Calle, quien abrió instrucción contra los 7 acusados. Chávez fue promocionado como jefe coordinador de las Fiscalías del Crimen Organizado y el caso fue asumido por el fiscal superior titular Tony García. En octubre de 2011, García fue reasignado exclusivamente al juicio del caso Business Track y el MP nombró como su reemplazo a la fiscal adjunta María Maguiña Torres.
Aproximadamente hace 15 días, Pimentel culminó la etapa de instrucción y remitió el voluminoso expediente a Maguiña, para que en su calidad de titular de la acción penal solicite el inicio del juicio oral. Ocurriría lo contrario.
EL ASESOR DE PALACIO
El dictamen de Maguiña ha conmocionado a las autoridades que luchan contra el lavado de activos y el narcotráfico. El propio fiscal Chávez Cotrina se mostró “bastante sorprendido” y pidió que la fiscal “responda por sus actos”.
La procuradora antidrogas Sonia Medina se preguntó: “¿Cuál es el interés de que el proceso no se ventile en el Poder Judicial? ¿Qué vergüenzas o desvergüenzas se quieren encubrir? ¿Qué ha llevado a la fiscal Maguiña a archivar el caso en tiempo récord?”. Y añadió: “Estoy tremendamente desconcertada. Tiene que haber una decisión política acá, porque esos criterios no se pueden determinar así nomás. Esto es gravísimo”.
El abogado principal del clan norteño es Luis Eduardo Roy Freyre, padre de Eduardo Roy Gates, el asesor jurídico del Presidente de la República. El propio Roy Gates fue el abogado designado para interponer una batería de Hábeas Corpus en juzgados del interior del país con el fin de archivar el ‘megaproceso’ a los Sánchez Paredes.
Y ambos, padre e hijo, estuvieron en Ica junto a Manuel Sánchez Paredes cuando una balacera entre los guardaespaldas de los miembros de la misma familia en disputa dejó tres muertos frente al Poder Judicial de Ica, el año pasado (CARETAS 2172). Las fotos que abren este reportaje corresponden precisamente a una de las diligencias de la llamada matanza de Ica.
El fiscal de Ica, José Luis Herrera, a diferencia de lo ocurrido en Lima, aún no formaliza acusación, presionado por el rosario de amenazas provenientes de los investigados, según fuentes judiciales.
En 2007 Roy Gates formó parte de la defensa de Humala en el caso Madre Mía junto al ex vicepresidente Omar Chehade. Dos años después la denuncia contra Humala por presunta violación a los derechos humanos fue archivada en primera instancia y posteriormente el fallo fue confirmado por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que entonces era presidida por el vocal César San Martín, hoy presidente del Poder Judicial.
Cuando se cuestionó el nombramiento de Roy Gates en Palacio, Chehade fue el primero en defenderlo. “Pongo las manos al fuego por él”, zanjó.
Una versión confiable indica que Roy Gates le dijo al Presidente que él y su padre habían sido contratados para labores específicas en la defensa del clan y que, por último, eran varios los abogados inmersos en el caso. Pero su padre está ligado a los Sánchez Paredes desde hace dos décadas. Luis Roy Freyre fue abogado de Perciles Sánchez Paredes, el patriarca familiar, en el proceso por narcotráfico que afrontó en 1984. Éste fue absuelto en 1988, pero lo asesinaron a tiros 3 años después en Trujillo.
UN ACCESO PRIVILEGIADO
CARETAS buscó a la fiscal Maguiña el lunes 2. A través de un vocero de prensa del Ministerio Público mandó a decir que es autónoma en sus decisiones y que tampoco podía hacer público su dictamen, porque era un documento reservado.
Sin embargo, uno de los procesados, Orlando Sánchez Paredes, parece haber tenido acceso privilegiado al documento y lo ha circulado en un comunicado dirigido a la prensa, el lunes último. “La Fiscalía Superior en Criminalidad Organizada ha emitido su Dictamen Fiscal Superior considerando que NO HAY MÉRITO PARA PASAR A JUICIO ORAL contra ninguna de las personas (naturales y jurídicas) injustamente procesadas por la presunta comisión del delito de lavado de activos y por ende solicita el ARCHIVO DEFINITIVO de este proceso. En otras palabras, el Ministerio Público, entidad encargada de perseguir los delitos, ha concluido que no he cometido el delito de lavado de activos pues ha quedado acreditado ante las autoridades que ninguno de los procesados poseemos bienes, dinero o patrimonio proveniente de origen ilícito”, celebró el hermano de Perciles.
Fuentes de la Fiscalía insisten en que el caso no está totalmente perdido. El dictamen de Maguiña pasará a la Sala Penal Nacional que tiene dos caminos: estar de acuerdo con la fiscal y archivar definitivamente el proceso. La otra opción es elevarlo a una Fiscalía Suprema para que determine si procede el juicio oral.
“Esta es una cachetada al sistema, un golpe muy duro”, se lamenta el general Morán. “Y también es un riesgo porque hay policías que hemos sido víctimas de demandas millonarias por investigar a este clan. Esto nos llena de indignación y frustración porque sentará un precedente judicial nefasto. Y significará un retroceso en la batalla contra el narcotráfico”. (Américo Zambrano). (Cortesía Revista CARETAS).
Los comentarios están cerrados.