Según un informe periodístico publicado hoy en el diario El Comercio, fuentes judiciales y policiales antidrogas revelaron que desde fines de febrero existe una alerta roja por la participación del juez penal supraprovincial Omar Pimentel Calle en el juicio por lavados de dinero provenientes del narcotráfico contra siete miembros del llamado ‘clan Sánchez Paredes’.
Como se recuerda, este magistrado recibió hace unos 15 días la denuncia fiscal sobre el sonado caso. Sin embargo, las fuentes dieron a conocer que Pimentel Calle mantendría nexos con un abogado de los acusados, identificado como Manuel Álex Olivera Espinoza, que labora en la Compañía Minera San Simón de propiedad de la familia Sánchez Paredes.
Dicha empresa registra como directivos a Fidel y Miguel Sánchez Alayo, dos de los siete acusados e hijos de Segundo Manuel Sánchez Paredes, el patriarca del clan familiar acusado de operar con el narcotráfico.
Este nuevo hecho se suma a otras extrañas maniobras denunciadas por El Comercio, entre las que destacan intentos por influir en la Sala Penal Nacional de la que depende el juez Pimentel, así como la guerra interna entre los abogados que le ofrecieron a sus clientes evitar su detención y el embargo de sus millonarios bienes.
Contacto en Huancayo
La investigación de El Comercio se sitúa en la ciudad de Huancayo, de donde son oriundos el juez Pimentel y el abogado Olivera, y allí confirmó a través de sus respectivas familias y amigos comunes lo que era una versión de inteligencia policial: la sólida relación entre ambos desde sus años en el colegio Salesiano de Huancayo hasta la actualidad.
Según los testimonios, uno de los últimos puntos de acercamiento entre Pimentel y Olivera, que se tratan de «primos», aunque no tienen vínculos familiares, habría sido el club social Lapi, una institución huancaína que congrega a las familias más conocidas de dicha ciudad desde hace décadas.
En inteligencia policial también se conoció que el abogado Olivera, aprovechando los vinculados ya narrados, habría promovido un acercamiento entre el juez y los acusados por lavado.
Esta información, que se manejaba desde fines de febrero, causó alarma cuando se conoció que Olivera no solo era abogado de Minera San Simón sino también de Minera Santa Marina, constituida en el 2005 por Fidel Sánchez Alayo.
Esta última empresa se vio envuelta en un presunto caso de tráfico de influencias ocurrido la noche del 26 de noviembre del año pasado cuando la Fiscalía Suprema de Control Interno realizó una operación en las inmediaciones de esta entidad para verificar una supuesta reunión entre Fidel Sánchez y el fiscal José Azañero Cuya, de la Fiscalía Penal 41 de Lima, cuya pareja era abogada de algunos involucrados en este caso.