La Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, organización que agrupa al 60% de los pueblos amazónicos, concluyó el fin de semana pasado en la Tercera Cumbre Amazónica en pedir la derogación de los decretos 1064 y 1090, por considerar que estos concesionarán los bosques.
«Con estos decretos, los bosques primarios ya no gozan de protección y quedan a disposición de cualquier gran empresa extranjera», explicó Róger Nájar, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, Ambiente y Ecología del Congreso, y denunció que permiten la venta de tierras comunales no trabajadas o en descanso y que dan preferencia a la titulación de empresas extranjeras en Cofopri.
Junto con los decretos, ya derogados, 1015 y 1073 fueron promulgados el 28 de junio 32 decretos más para «facilitar la implementación del Acuerdo Comercial Perú -EEUU».
El decreto 1090 aprueba la Ley Forestal y de la Fauna Silvestre. En su artículo 9, permite la concesión por iniciativa privada de bosques maderables sin concurso público y sin límite de hectáreas, por lo que abre la amazonía a multinacionales.
El decreto 1064 aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario. En su disposición final, establece que las tierras no trabajadas son de dominio del Estado, lo que a juicio de las comunidades nativas hace peligrar sus tierras ancestrales.
Como próxima medida de lucha, se anunció que los frentes de defensa amazónicos consultarán con sus bases la convocatoria de una huelga indefinida a realizarse desde el 20 de noviembre.
Por su parte, Aidesep se reunió con la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), para estudiar acciones conjuntas de movilización.