El ex viceministro de Transportes, Gustavo Guerra García, señaló que las paralizaciones de las obras de reasfaltado de la carretera entre Tingo María y Aucayacu por parte del Consorcio Selva Central en previsión a posibles ataques de los cocaleros que acatan un paro de 72 horas, sólo van a perjudicar al Estado, ya que se tendrá que reconocer a la empresa todos los gastos generados por esta paralización.
«El que va a perder en gran medida es el Estado que va a tener que reconocer los gastos generales de la empresa porque no es un retraso de la obra causado por alguna falla eléctrica sino producido por un acto de impedimento externo de la empresa y finalmente va a ser el Ministerio de Transportes el que va a tener que pagar los gastos generales mayores de esta paralización», advirtió en diálogo con INFOREGIÓN.
Guerra García remarcó que la densa carretera Tingo María – Pucallpa es una transversal importante por el cual pasan alrededor de 800 vehículos por día, por lo que una paralización puede generar un desabastecimiento muy grande y encarecer los costos de los productos que están al norte de Pucallpa.
Por otro lado, el ex viceministro destacó que las movilizaciones cocaleras deberían hacerse sin interrumpir el tránsito, pues si bien los cocaleros tienen derecho a protestar, «deberían considerar que la población de Pucallpa y Aguaytía tienen derecho a tener un abastecimiento oportuno y barato de alimentos y de pan llevar que se va a complicar si esta paralización dura muchos días».
«Las movilizaciones son justas pero no tienen por qué afectar los derechos de los demás, comenzando por el derecho de libre tránsito», remarcó, y agregó que estos bloqueos de carreteras se dan cuando una fuerza social que está protestando no tiene la fuerza suficiente para hacer una gran movilización por las ciudades, con el fin de llamar la atención y poner en jaque a toda la zona.
