Espacio Compartido. Rumbo a la segunda vuelta electoral es difícil señalar con claridad la diferencia sustancial que en seguridad ciudadana nos ofrecen los partidos políticos de Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Si aún tuviéramos que analizar, no solo las dos posiciones, sino la de los demás partidos, todos tienen en sus respectivos Planes de Gobierno aspectos similares, parecidos, incluso iguales para enfrentar la ola delictiva que, cual tsunami, se acrecienta después de un terremoto.
Y, no es que los respectivos planes adolezcan de serias omisiones e incongruencias, por el contrario, son una suma de valiosas propuestas y de buenas intenciones. Yo creo que el fondo del asunto se centra en quién de los dos protagonistas tendrá el liderazgo y la decisión política de asumir la seguridad interna como una de las prioridades de su gobierno.
Una cosa es decirlo como postura electoral -todos los candidatos dijeron lo mismo-, y otra cosa es asumir con decisión su compromiso a partir de julio del presente año.
La estrategia de gobierno, cualquiera sea el ganador, debe tener un claro concepto de la forma cómo plasmar sus propuestas en acciones concretas, y esto pasa necesariamente por armonizar actividades preventivas, educativas y de reinserción, con formas de acción represivas, investigatorias y de control.
Priorizar sólo sanciones carcelarias y dejar de lado el amplio campo de políticas preventivas multisectoriales, es entrar de lleno a un camino represivo y a un “estado autoritario” con serias consecuencias para los ciudadanos y para la estabilidad del estado.
Experiencias en este sentido abundan. Por ejemplo, algunos países centro americanos que asumieron el poder ofreciendo políticas de “mano dura”, al momento de ejecutarlas no tuvieron el éxito esperado. Las “maras salvatruchas” y otros apelativos de jóvenes y adolescentes en riesgo constituyen actualmente un serio problema porque se han constituido en el “brazo armado” de la delincuencia organizada.
Peor aún, países, como México, que asumieron una lucha eminentemente policial-militar contra el narcotráfico, con mínimo porcentaje de reinserción, desarrollo y participación comunitaria, se debaten desde hace cuatro años en una cruenta lucha sin cuartel, y cuyas principales víctimas son los ciudadanos que se encuentran en el centro del fuego cruzado de ambos lados.
Qué hacer entonces en nuestro país, en particular en las grandes ciudades y en las zonas de cultivo de la hoja de coca para frenar la ola delictiva?
Enfrentar el narcotráfico y el terrorismo con efectividad y eficiencia es un tema fundamental. En este artículo no entraremos en este tema que merece un tratamiento especial por expertos en la materia, que en nuestro medio los hay de primer nivel. Sus consecuencias afectan no solo a la seguridad de los ciudadanos, sino, sobre todo, al orden interno del país.
El propósito que me impulsa en esta oportunidad es profundizar un poco más sobre el incremento de la delincuencia social, llamada también “delincuencia de las calles”.
Este es el tipo de delincuencia que afecta directamente a la población de todos los estratos por igual, y genera, sin lugar a dudas, un gran sentimiento de inseguridad. Yo creo firmemente que en las zonas urbanas el esfuerzo de seguridad debe centrarse en el territorio más pequeño, que es el barrio, el sector y el distrito, donde el vecino es víctima cotidiana de ladrones callejeros, pandilleros y micro comercializadores de drogas, que actúan con total impunidad ante la falta de efectivos policiales.
Los ciudadanos se sienten frustrados ante la inacción del estado, lo que viene dando lugar a que el 90% de la población sienta que la delincuencia crece, y en lugares de escasa vigilancia algunos pobladores estén adoptando, de mutuo propio, mecanismos de autodefensa que en muchas ocasiones se convierten en “ajusticiamientos” por mano propia.
Una de las formas efectivas para reducir su incidencia a nivel distritos, es, a mi criterio, teniendo “más policías en las calles” tanto para el patrullaje como para acciones de investigación. La fórmula para lograrlo es, a mediano plazo, creando mayor número de vacantes en las escuelas de policía para que egresen más efectivos debidamente preparados; y, a corto plazo, ejecutando una estricta política de racionalización de efectivos, incluyendo una reforma de la estructura orgánica, para que policías que actualmente están trabajando en unidades y oficinas administrativas, pasen a prestar servicios de patrullaje y de investigación bajo el comando del comisario distrital.
Es decir, la prevención, la investigación y el control del delito a nivel local deben estar bajo la responsabilidad única de un funcionario de policía, con recursos suficientes como para ejercer sus funciones con solvencia y efectividad.Otro problema que el gobierno tiene que resolver con prioridad es el denominado “servicio individualizado” que permite al policía el trabajo en sus horas de descanso para obtener un adicional al escaso sueldo que percibe.
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